RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTEs: SUP-rap-181/2010 y acumuladoS

actores: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROs

AUTORIDAD rESPONSABle: cONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y el gobernador del estado de nuevo león

MAGISTRADO PONENTE: manuel gonzález oropeza

SECRETARIOs: valeriano pérez maldonado y MARTÍN JUÁREZ MORA

México, Distrito Federal, a veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

VISTOS, para resolver los autos de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-181/2010, SUP-RAP-187/2010, y SUP-RAP-188/2010, promovidos por el Partido Acción Nacional; en forma conjunta por Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., respectivamente, así como por el Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, en contra de la resolución número CG315/2010, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre de dos mil diez; y

R E S U L T A N D O S:

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en las demandas y de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

I. Denuncia. El veintiséis de mayo de dos mil diez, Everardo Rojas Soriano, en su carácter de representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentó escrito de denuncia en contra del Gobierno del Estado de Nuevo León, del Partido Revolucionario Institucional, y de quien resultara responsable, por hechos que consideró violatorios de la normatividad electoral, consistentes en la difusión de propaganda gubernamental de la referida entidad federativa, en cadena nacional, durante la transmisión de unos eventos deportivos los días veinticuatro y veintiséis de mayo del año en curso, la cual se difundió en otras entidades federativas en las que se desarrollaban procesos electorales locales (periodo de campañas).

El contenido del spot materia de la denuncia es el siguiente:

“Se observa una joven de sexo femenino diciendo: Yo soy de Nuevo León, estoy orgullosa de ayudar a que mi estado sea líder en generación de empleos, formo parte de la gente responsable, trabajadora y líder de México, aquí en Nuevo León trabajamos para emprender nuestro sueños, por eso somos líderes en apertura de empresas, la competitividad de México está en Nuevo León”, en tal promocional aparecen imágenes, detrás de la mujer en mención, de personas trabajando y termina dicho promocional con una voz en Off que dice: “Nuevo León Unido, Gobierno Para Todos”, en los que aparecen el emblema del Gobierno del Estado de Nuevo León.

II. Medidas cautelares. El veintisiete de mayo de dos mil diez, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional en su denuncia referida, en relación con los promocionales del Gobierno del Estado de Nuevo León.

III. Recurso de apelación contra las medidas cautelares. El primero de junio de dos mil diez, inconforme con la determinación que  antecede, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de apelación.

Por ello, la Sala Superior integró el expediente SUP-RAP-71/2010 y, el dos de julio siguiente, resolvió confirmar la determinación impugnada.

IV. Procedimiento especial sancionador. El trece de septiembre del presente año, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió acuerdo en el expediente SCG/PE/PAN/CG/059/2010, mediante el cual, entre otras cuestiones, ordenó dar inicio al procedimiento especial sancionador en contra del Gobernador del Estado de Nuevo León, del Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, de Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., y del Partido Revolucionario Institucional, y señaló para la audiencia de pruebas y alegatos el veinticuatro de septiembre siguiente.

V. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinticuatro de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia en comento, con la comparecencia del Partido Acción Nacional en su carácter de denunciante, del Partido Revolucionario Institucional, y del representante del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, y del Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad  federativa, en su calidad de denunciados.

Cabe señalar que se hizo constar en el acta de dicha audiencia que no compareció persona alguna en representación de las televisoras denunciadas.

VI. Recursos de apelación contra el acuerdo de inicio del procedimiento especial sancionador. El veinticuatro de septiembre de dos mil diez, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León y el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, por separado, promovieron sendos recursos de apelación en contra del acuerdo de emplazamiento al procedimiento especial sancionador mencionado.

Por lo anterior, la Sala Superior integró los expedientes SUP-RAP-171/2010 y SUP-RAP-172/2010, los cuales en sesión pública de tres de noviembre del año en curso, resolvió acumular los expedientes y confirmar el acuerdo de emplazamiento impugnado.

VII. Resolución impugnada. En sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre de dos mil diez, el Consejo General del Instituto referido emitió la resolución CG315/2010, mediante la cual determinó lo siguiente:

“…

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra del Gobernador del estado de Nuevo León en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMO de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra del Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMO del presente fallo.

TERCERO. Se ordena dar vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León por lo que hace a la conducta desplegada por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de la entidad federativa en mención, en términos de lo previsto en el considerando UNDÉCIMO en relación con el DÉCIMO de la presente determinación.

CUARTO. Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMOSEGUNDO de la presente Resolución.

QUINTO. Conforme a lo precisado en el considerando DÉCIMOTERCERO de esta Resolución, en términos del artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se amonesta públicamente a Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., al haber infringido el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exhortándolos a que en lo sucesivo se abstengan de infringir la normativa comicial federal.

SEXTO. Se declara infundada la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMOCUARTO, del presente fallo.

…”

SEGUNDO. Recursos de apelación. En los días ocho, dieciocho y veinticinco de octubre del presente año, el Partido Acción Nacional; en forma conjunta Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., respectivamente, y el Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, presentaron sendas demandas para impugnar la resolución número CG315/2010 que antecede.

TERCERO. Trámite y sustanciación.

I. Integración y turno de los expedientes. El quince y veinticinco de octubre, así como el primero de noviembre de dos mil diez, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley y la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente,  acordaron integrar los expedientes SUP-RAP-181/2010, SUP-RAP-187/2010 y SUP-RAP-188/2010, con motivo de las demandas del Partido Acción Nacional; de Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., del Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, respectivamente, así como turnarlos a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza para los efectos del artículo 19, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los acuerdos de referencia se cumplimentaron mediante los oficios números TEPJF-SGA-4148/10, TEPJF-SGA-4291/10 y TEPJF-SGA-4334/10, de fechas quince y veinticinco de octubre y primero de noviembre del año en curso, signados el primero por el Secretario General de Acuerdos y los dos restantes por el Subsecretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

II. Escritos de Tercero Interesado. Mediante ocursos de catorce de octubre de dos mil diez, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como el Gobernador del Estado de Nuevo León, a través del Consejero Jurídico como su representante legal, presentaron escritos de tercero interesado en relación al recurso de apelación número SUP-RAP-181/2010.

III. Requerimientos. El veintiuno y veinticinco de octubre de la presente anualidad, el Magistrado Instructor dictó acuerdos en el expediente SUP-RAP-181/2010, en el sentido de radicar el recurso de apelación mencionado y requerir al Consejo General del Instituto Federal Electoral diversas constancias, los cuales el veintidós y veintiséis de octubre siguientes fueron cumplimentados.

Por otra parte, en el expediente SUP-RAP-187/2010, el cinco de noviembre del año en curso, el Magistrado Instructor también formuló requerimiento al que ostenta la representación legal de Televisora del Golfo, S. A. de C. V., quien lo cumplimentó en sus términos.

IV. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad el Magistrado Instructor admitió a trámite las demandas de los recursos de apelación y, al no existir trámite pendiente de realizar, declaró cerrada la instrucción de cada uno de los recursos de apelación, dejando los autos en estado de dictar sentencia; y

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso a), 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, 40, párrafo 1, inciso b), 42, 44, párrafo 1, inciso a), y 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracciones I y IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral dentro de un procedimiento especial sancionador, la cual no es susceptible de ser impugnada en recurso de revisión, además de que el órgano que emitió dicha determinación es uno de los órganos centrales del citado instituto en términos del artículo 108 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda de los recursos de apelación contenidos en los expedientes SUP-RAP-181/2010, SUP-RAP-187/2010 y SUP-RAP-188/2010, esta Sala Superior advierte la conexidad en la causa, toda vez que existe identidad en el acto impugnado y en la autoridad responsable, esto es, la resolución CG315/2010 emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera conjunta, pronta y expedita los referidos recursos, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 86, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación de los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-187/2010 y SUP-RAP-188/2010, al diverso SUP-RAP-181/2010, toda vez que este recurso de apelación fue el primero que se presentó, por lo tanto, el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los recursos de apelación acumulados.

TERCERO. Causas de improcedencia. Por ser su examen preferente de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se analizará en primer término si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas en los artículos 10 y 11 del ordenamiento en cita, pues, de ser así, deberá decretarse el desechamiento de plano de la demanda, al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

En el expediente SUP-RAP-181/2010, el Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de tercero interesado, señaló que debe desecharse la demanda de recurso de apelación presentada por el Partido Acción Nacional, toda vez que, en su concepto, la misma se presentó de forma extemporánea, debido a que en la sesión en la cual se aprobó la resolución impugnada, estuvo presente su representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, actualizándose de esta forma la notificación automática prevista en el artículo 30, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por tanto, alega dicho instituto político que, si la resolución controvertida se aprobó el veintiocho de septiembre de dos mil diez, el plazo de cuatro días para su impugnación trascurrió del día miércoles veintinueve al lunes cuatro de octubre del mismo año, sin considerar el sábado dos y domingo tres de octubre por ser inhábiles, toda vez que la materia de la impugnación no se encuentra relacionada con proceso electoral alguno.

A juicio de esta Sala Superior no le asiste razón al tercero interesado, como se demostrará enseguida.

El artículo 10, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece, en lo conducente, que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretendan impugnar actos que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o bien, cuando no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro del plazo legal.

Por su parte, el artículo 8 de la ley citada establece que los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente

El artículo 30 de la misma ley adjetiva, dispone que el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente.

En el presente caso, se estima que el tercero interesado parte de la premisa falsa de considerar que al estar presente el representante del Partido Acción Nacional, en la sesión extraordinaria de veintiocho de septiembre pasado, se actualiza la notificación automática a que se refiere el citado artículo 30.

Ahora bien, conviene tener presente que la notificación es el acto procesal por el que las autoridades electorales hacen saber a los interesados la determinación de un acto o resolución, con el objeto de preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del destinatario, para que quede vinculado a dicha actuación en lo que lo afecte o beneficie y, si lo considera contrario a sus intereses, pueda inconformarse.

En ese sentido, es indudable que la llamada notificación automática a que alude el citado artículo 30, parte de la idea de que al haber estado presente el representante del partido político de que se trate, tuvo la oportunidad de conocer a plenitud el acto o resolución, en razón de haberse expuesto en la respectiva sesión los motivos y fundamentos que llevaron a la autoridad electoral a emitir dicho acto o resolución, pues en caso contrario se estaría violando la garantía de audiencia en perjuicio del instituto político.

De esta manera, para que la notificación automática se tenga por cumplimentada y pueda surtir sus efectos para el cómputo del plazo de interposición de algún medio de impugnación se debe acreditar fehacientemente: a) La asistencia del representante a la sesión; y, b) La existencia de elementos suficientes para producir la convicción de que dicho representante tuvo conocimiento pleno del contenido, fundamentos y motivos que soportan el acto, acuerdo o resolución de que se trate.

Lo anterior, se sustenta en el criterio contenido en la jurisprudencia número S3ELJ 19/2001, de esta Sala Superior y publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 194 y195, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.- Tanto en la legislación electoral federal como en la mayoría de las legislaciones electorales estatales existe el precepto que establece que, el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió se entenderá notificado automáticamente del acto o resolución correspondiente, para todos los efectos legales. Sin embargo, si se parte de la base de que notificar implica hacer del conocimiento el acto o resolución, emitidos por una autoridad, a un destinatario, es patente que no basta la sola presencia del representante del partido para que se produzca tal clase de notificación, sino que para que ésta se dé es necesario que, además de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente, que durante la sesión se generó el acto o dictó la resolución correspondiente y que, en razón del material adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión, pues sólo así el partido político estará en aptitud de decidir libremente, si aprovecha los beneficios que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le confiere para impedir o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda colmada la finalidad perseguida con la práctica de una notificación.”

En este sentido, con independencia de que en la sesión extraordinaria en cuestión haya estado presente o no el representante del Partido Acción Nacional, en la especie, no se actualiza el requisito previsto en el inciso b) aludido, toda vez que de la lectura integral de la versión estenográfica, que en copia certificada obra en autos, misma que en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se le otorga valor probatorio pleno, se advierte que se realizaron modificaciones sustanciales al proyecto de resolución originalmente propuesto, y por estas razones el Secretario Ejecutivo, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Federal Electoral, procedió a realizar los engroses correspondientes, conforme a los argumentos expresados en la sesión tal y como se desprende a fojas  152 de dicha versión estenográfica.

Por lo anterior, es inconcuso que el representante del Partido Acción Nacional tuvo conocimiento pleno del contenido de la resolución combatida hasta el día cuatro de octubre de dos mil diez, según consta de la copia certificada del oficio número DS/910/2010 de esta misma fecha, el cual fue recibido por este instituto político precisamente en este mismo día, del que incluso se lee lo siguiente:

“… adjunto le envío en medio magnético las resoluciones aprobadas en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de septiembre del presente año, las cuales se encuentran debidamente engrosadas conforme a los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados durante el desarrollo de dicha sesión y se relacionan a continuación:

- CG/315/2010…”

De ahí que concluye esta Sala Superior que dicho instituto político estuvo en condiciones de impugnar la resolución señalada, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de la misma.

Por lo tanto, si la notificación de la resolución impugnada al Partido Acción Nacional se realizó el día lunes cuatro de octubre de dos mil diez, el plazo para impugnarla transcurrió del martes cinco al viernes ocho del mismo mes y año, por lo que si  su demanda de recurso de apelación la presentó el día viernes ocho de octubre, resulta inconcuso que el medio de impugnación se presentó dentro del término previsto en la ley procesal de la materia.

CUARTO. Requisitos de procedencia. Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b), y 45, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de acuerdo con lo siguiente:

Forma. Las demandas fueron presentadas por escrito ante la autoridad responsable, y en ellas se hacen constar los nombres de los recurrentes, sus domicilios para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados; se ofrecen pruebas y se hace constar, tanto el nombre, como la firma autógrafa de quienes promueven en representación de los actores en los recursos de apelación mencionados.

Oportunidad. Los medios de impugnación se promovieron  oportunamente, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto es, dentro del plazo de cuatro días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución impugnada.

La demanda de recurso de apelación promovida por el Partido Acción Nacional, en efecto, fue presentada oportunamente conforme lo razonado en el considerando tercero de la presente sentencia.

Por otra parte, en cuanto a la demanda de recurso de apelación presentada de manera conjunta por Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., se tiene por presentada oportunamente.

Lo anterior, tomando en cuenta que la resolución impugnada les fue notificada el catorce de octubre del año en curso, por lo que el plazo para promover el presente medio de impugnación trascurrió del día viernes quince al miércoles veinte de octubre del presente año, descontando los días sábado dieciséis y domingo diecisiete de octubre, por lo que si dicha demanda se presentó el día lunes dieciocho, es inconcuso que se hizo dentro del plazo legal previsto para ello.

Por último, la demanda del Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, igualmente fue presentada con oportunidad, pues la resolución impugnada le fue notificada el martes diecinueve de octubre del año en curso, por lo que el plazo para promover el presente medio de impugnación trascurrió del día miércoles veinte al lunes veinticinco de octubre siguiente, descontando los días sábado veintitrés y domingo veinticuatro de octubre, por lo que si dicha demanda se presentó el día lunes veinticinco, es indubitable que dicha demanda fue interpuesta dentro del plazo de cuatro días previsto legalmente.

Legitimación y personería. Estos requisitos se encuentran satisfechos, en términos del artículo 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracciones I y IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales señalan que en caso de imposición de sanciones los partidos políticos y las personas físicas y morales, a través de sus representantes legítimos, podrán promover recursos de apelación.

En este sentido, se tiene por satisfecho el requisito de legitimación, toda vez que los recursos de apelación en estudio se encuentran promovidos por el Partido Acción Nacional; de manera conjunta por Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., y por el Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León.

Por otra parte, se cumple con el requisito de personería, en virtud de que la demanda del Partido Acción Nacional se encuentra promovida por conducto de Everardo Rojas Soriano, su representante suplente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, como se corrobora con la certificación que hace el Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, de fecha quince de junio del presente año, la cual obra en autos, aunado a que la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado le reconoció tal calidad.

Asimismo, se satisface el requisito legal de personería por parte de Jesús Alejandro Daniel Araujo Delgado y Claudia Quintanar Robredo, quienes comparecen en forma conjunta en representación de Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., calidad que acreditan con lo siguiente:

- Televimex, S. A. de C. V., con la copia certificada del primer testimonio de la escritura número diecisiete mil setecientos quince, libro número trescientos seis, de tres de diciembre de dos mil ocho, de la Notaría número 100 del Distrito Federal.

- Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., con la copia certificada del primer testimonio de la escritura número diecisiete mil setecientos veintinueve, libro número trescientos seis, de cinco de diciembre de dos mil ocho, de la Notaría número 100 del Distrito Federal.

- Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., con la copia certificada del segundo testimonio de la escritura número sesenta y tres mil cuatrocientos veintiuno, libro número mil trescientos sesenta y nueve, de veintisiete de octubre de dos mil ocho, de la Notaría número 45 del Distrito Federal.

- T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., con la copia certificada del primer testimonio de la escritura número sesenta y dos mil novecientos sesenta y tres, libro número mil trescientos cincuenta y seis, de primero de julio de dos mil ocho, de la Notaría número 45 del Distrito Federal.

- Televisora del Golfo, S.A. de C.V., con la copia certificada del primer testimonio de la escritura número cuatro mil trescientos veintiuno, volumen centésimo cuadragésimo primero, del diecisiete de marzo de dos mil nueve, de la Notaría número 164 con domicilio en Tampico, Tamaulipas.

Finalmente, Francisco Cienfuegos Martínez, Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, tiene satisfecho el requisito de personería, de conformidad con la copia certificada del oficio BSG/013/2010, de once de febrero del presente año, que contiene su nombramiento otorgado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León,  aunado a que dicha calidad le reconoció la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado.

Los documentos arriba mencionados, por tratarse de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y 4, inciso d), en relación con el diverso 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Interés jurídico. El requisito en estudio se encuentra satisfecho, toda vez que los recurrentes impugnan una determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, derivada de un procedimiento especial sancionador que, en concepto de cada uno de ellos, por una parte como denunciante, y por otra como denunciados alegan que dicha autoridad trasgredió sus respectivos derechos, por ende, la constitucionalidad y legalidad que debe revestir todo acto o resolución en materia electoral.

Definitividad. La resolución dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral es un acto definitivo, toda vez que en su contra no procede algún otro medio de impugnación, en virtud del cual pueda ser modificada, revocada o anulada, de ahí que se estime colmado el presente requisito de procedencia.

Al no advertir esta Sala Superior la actualización de alguna causa de improcedencia, procede a analizar los sendos recursos de apelación.

QUINTO. Resolución impugnada. La resolución impugnada, cuya parte que interesa, es del tenor siguiente:

“[…]

LITIS

SÉPTIMO.- Que una vez sentado lo anterior corresponde a esta autoridad determinar:

A) Si el Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, infringieron lo previsto en el artículo 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los numerales 2, párrafo 2 y 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con motivo de la difusión de propaganda gubernamental del estado de Nuevo León en las entidades federativas donde se desarrollaron comicios de carácter local y que fueron objeto del llamamiento al presente procedimiento.

B) Si Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHAA-TV CANAL 7, en el estado de Chiapas, XHTWH- TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, Radio Televisora de México Norte, S.A- de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHTUA-TV CANAL 12, en el estado de Chiapas, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas; conculcaron lo previsto en el artículo 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido propaganda gubernamental en las entidades federativas donde se desarrollaron comicios de carácter local y que fueron objeto del llamamiento al presente procedimiento.

C) Si el Partido Revolucionario Institucional, a través de la presunta difusión del mensaje referido en el inciso A) que antecede, conculcó lo establecido en el artículo 41, Base III, apartado C, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafo 3; 341, párrafo 1, inciso a) y 342, párrafo 1, incisos a) y h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la probable omisión a su deber de cuidado respecto de la transmisión televisiva en cuestión.

De forma ilustrativa se describe el promocional al que se ha hecho alusión:

El spot motivo de inconformidad comienza con la aparición de una persona del sexo femenino que dice:

"Yo soy de Nuevo León, estoy orgullosa de ayudar a que mi estado sea líder en generación de empleos, formo parte de la gente responsable, trabajadora y líder de México, aquí en Nuevo León trabajamos para emprender nuestros sueños, por eso somos líderes en apertura de empresas, la competitividad de México está en Nuevo León’, en tal promocional aparecen imágenes, detrás de la mujer en mención, de personas trabajando y termina dicho promocional.

Finaliza con una voz en Off que dice: ‘Nuevo León Unido, Gobierno para Todos’.

Y aparece el emblema del Gobierno del estado de Nuevo León

Mismo que se ilustra a continuación:

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

OCTAVO.- Que por cuestión de método, y para la mejor comprensión del presente asunto, esta autoridad electoral federal estima pertinente verificar la existencia de los hechos materia de la denuncia formulada por el Partido Acción Nacional, relativa a la presunta conducta atribuible a los sujetos denunciados, para lo cual resulta necesario valorar el acervo probatorio que obra en el presente sumario, toda vez que a partir de esa determinación, este órgano resolutor se encontrará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento respecto de su legalidad o ilegalidad.

En tal virtud, resulta atinente precisar que con el objeto de acreditar sus afirmaciones y dar sustento a su denuncia, el promovente aportó un disco compacto en el cuales se contiene el material objeto de queja, con el que dio sustento a su afirmaciones.

En este tenor, corresponde a este órgano resolutor valorar los elementos que obran en autos, a efecto de determinar la existencia o no de la irregularidad que se atribuye al Gobernador del estado de Nuevo León, al Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, al Partido Revolucionario Institucional y a los concesionarios denunciados.

En este tenor, corresponde a este órgano resolutor valorar las pruebas aportadas por las partes y las recabadas por esta autoridad electoral:

PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE

DOCUMENTALES PÚBLICAS

1.     Oficio número DEPPP/STCRT/4294/2010, de fecha veintiséis de mayo de dos mil diez, signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante el cual da respuesta al oficio número RPAN/653/2010, suscrito por el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos siguientes:

“…

Para dar respuesta a lo solicitado, hago de su conocimiento que el promocional solicitado a través del oficio que por esta vía se contesta, no forma parte de las prerrogativas de acceso al tiempo del Estado en materia de radio y televisión de ningún partido político ni autoridad electoral, razón por la cual, el personal de la Dirección Ejecutiva a mi cargo, debe realizar un monitoreo manual para detectar la transmisión de dicho promocional y una vez detectado, generar la huella acústica correspondiente a fin de que sea incorporada al Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), se está en posibilidad de realizar detecciones automáticas de la transmisión del promocional de mérito en tiempo real.

No obstante, para verificar la difusión del multicitado promocional antes de la ingesta de su huella acústica en el SIVeM, es necesario realizar una verificación manual (back log) de las grabaciones de los días que solicitados comprenden del periodo que abarca del 17 al 25 de mayo del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración que en el estado de Nuevo León se monitorean 11 concesionarias de televisión, 6 de ellas pertenecientes a las concesionarias Televimex, S.A. de C.V. y Televisión Azteca, S.A. de C.V., implica una revisión de las 18 horas de transmisión diarias por cada una de ellas durante los 9 días solicitados, es decir, un promedio de 972 horas de revisión en tiempo real, lo que se traduce en la necesidad de un mayor tiempo para el desahogo del presente asunto.

De acuerdo a lo anterior, una vez recibida su petición en la Dirección Ejecutiva a mi cargo, se dio a la tarea de realizar una revisión manual para detectar la transmisión del promocional del Gobierno de Nuevo León referido, mismo que fue localizado y del cual adjunto al presente en un disco compacto su testigo de grabación. Respecto a su transmisión en los días solicitados, me remito a lo expuesto en líneas anteriores, y una vez generada la información la haré de su conocimiento en breve.

En ese sentido, debe decirse que el elemento probatorio de referencia tiene el carácter de documental pública cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) legítimamente facultada para emitir este tipo de oficios en el ejercicio de sus funciones.

     Con esta probanza se acredita que el promocional motivo de inconformidad en el presente procedimiento, no forma parte de las prerrogativas de acceso al tiempo del Estado en materia de radio y televisión de ningún partido político ni autoridad electoral, toda vez que su transmisión no fue ordenada por el Instituto Federal Electoral.

     Asimismo que fue detectada la difusión del mismo por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de conformidad con el contenido del disco compacto adjunto al oficio de referencia que fue obtenido de la revisión manual hecha por la mencionada Dirección Ejecutiva para detectar la transmisión del promocional del Gobierno del estado de Nuevo León.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los numerales 34, párrafo 1, inciso a); 35 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

PRUEBA TÉCNICA

1.     Un disco compacto que contiene un archivo digital (video), el cual al ser ejecutado, contiene el video del promocional denunciado correspondiente al Gobierno del estado de Nuevo León, transmitido a dicho del denunciante en el canal XEW-TV, canal 2 de Televisa, los días catorce y veinticuatro de mayo de dos mil diez, a las seis horas con doce minutos y a las quince horas, respectivamente.

Al respecto, debe decirse que esta autoridad al realizar el análisis del contenido del disco compacto en cuestión, advirtió dos grabaciones alusivas a un mismo promocional, por lo que se considera conveniente transcribir el contenido del mismo, el cual es el siguiente:

Comienza con la aparición de una joven de sexo femenino que dice:

"Yo soy de Nuevo León, estoy orgullosa de ayudar a que mi estado sea líder en generación de empleos, formo parte de la gente responsable, trabajadora y líder de México, aquí en Nuevo León trabajamos para emprender nuestros sueños, por eso somos líderes en apertura de empresas, la competividad de México está en Nuevo León'.

Finaliza con una voz en Off que dice: 'Nuevo León Unido, Gobierno para Todos'.

Y aparece el emblema del Gobierno del estado de Nuevo León.

En el mismo se aprecian imágenes, detrás de la mujer en mención, alusivas a personas trabajando y termina dicho promocional.

     Prueba técnica, con la que el denunciante pretende acreditar que los días catorce y veinticuatro de mayo de dos mil diez, fue transmitido el promocional motivo de inconformidad, en el que se alude al gobierno del estado de Nuevo León, y que presuntamente apareció durante la transmisión de un partido de fútbol y durante los cortes comerciales de un noticiero.

En este sentido, es de referir que el disco compacto que contiene la grabación antes transcrita, dada su propia y especial naturaleza debe considerarse como prueba técnica en atención a lo dispuesto por los artículos 358, párrafo 3, inciso c); 359, párrafo 1 y 3 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 34, párrafo 1, inciso c); 38, 42, 45, párrafos 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral y, por ende, los hechos que en éste se consignan sólo tienen el carácter de indicios.

Bajo esta tesitura, cabe recordar que se considera que las pruebas técnicas han sido reconocidas unánimemente por la doctrina como de tipo imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y la dificultad para demostrar de alteraciones que pudieran haber modo absoluto e indudable las falsificaciones o sufrido, pues es un hecho notorio que actualmente existen al alcance común de la gente un sinnúmero de aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes, videos y de casetes de audio de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieren captar y/o de la alteración de las mismas, colocando a una persona o varias en determinado lugar y circunstancias o ubicándolas de acuerdo a los intereses del editor para dar la impresión de que están actuando conforme a una realidad aparente o en su caso, con la creación de las mismas en las circunstancias que se necesiten.

No obstante lo anterior, es de referirse que el elemento probatorio de referencia tienen el carácter de prueba técnica cuyo valor probatorio es indiciarlo respecto de su contenido, toda vez que fue producido por el propio denunciado en el procedimiento que nos ocupa, sin embargo, al encontrarse adminiculado con otros elementos de prueba, particularmente con la información dada por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, como se apreciará en el siguiente apartado, esta autoridad tiene por cierta la existencia y difusión del material televisivo denunciado, máxime que su transmisión no fue desvirtuada por algún elemento probatorio en contrario.

2.     Un disco compacto proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que contiene un archivo digital (video), el cual al ser ejecutado, contiene el video del promocional denunciado correspondiente al Gobierno del estado de Nuevo León.

Debe precisarse que el testigo de grabación obtenido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretaría Técnica del Comité de Radio y Televisión de este Instituto, fue realizado atendiendo las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por el Instituto Federal Electoral, con lo que se acredita la transmisión del promocional aludido.

Al respecto, debe decirse que los elementos probatorios de referencia tienen el carácter de documento público cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, por lo que se tiene por acreditado fehacientemente la existencia y contenido del promocional alusivo al Gobierno del estado de Nuevo León, que presuntamente pudiera constituir violaciones a la normatividad electoral federal.

Lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 358, párrafos 1 y 3, inciso a), y 359, párrafo 2 del código federal electoral, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en ella se consignan.

PRUEBAS DE LAS QUE SE ALLEGÓ ESTA AUTORIDAD

1.     Oficio número DEPPP/STCRT/4297/2010, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, signado por Licenciado Horacio Antonio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyo contenido es el siguiente:

“[…]

Para dar respuesta, hago de su conocimiento que el promocional solicitado a través del oficio que por esta vía se contesta, no forma parte de las prerrogativas de acceso al tiempo del Estado en materia de radio y televisión de ningún partido político ni autoridad electoral, razón por la cual, el personal de la Dirección Ejecutiva a mi cargo, se dio a la tarea de realizar una revisión de las grabaciones con que cuenta en las emisoras del Distrito Federal, para detectar la transmisión promocional del Gobierno de Nuevo León referido. Una vez localizado, se le generó la huella acústica correspondiente y se incorporó al Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), momento a partir del cual ha sido posible la detección automática de la transmisión del promocional de Gobierno del estado de Nuevo León que nos ocupa.

Así, del monitoreo realizado el día de hoy con corte a las 17:30 horas en los canales de televisión de TV Azteca y Televisa, se obtuvo como resultado de la detección de 2 impactos en la emisora identificada con las siglas XEW-TV, canal 2, en los horarios a continuación precisados:

Además, se detectó la transmisión del promocional de referencia en la misma fecha y horarios, en las estaciones repetidoras de XEW-TV canal 2 en entidades con Proceso Electoral Local que se precisan en el reporte que acompaña al presente oficio como anexo único.

A continuación se insertan los datos de identificación de la emisora de origen:

[…]”.

2.     Informes de monitoreo relacionados con la detección de la transmisión del promocional motivo de inconformidad en las estaciones repetidoras de XEW-TV canal 2 en entidades con Proceso Electoral Local en la presente anualidad, mismos que en forma gráfica se reproducen a continuación:

3.     Oficio número DEPPP/STCRT/4297/2010, de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, signado por Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, emitido en alcance a su similar identificado con el mismo número, cuyo contenido es el siguiente:

"Por este medio y en alcance al oficio DEPPP/STCRT/4297/2010, hago de su conocimiento que las emisoras en los que fue difundido el promocional del Gobierno del estado de Nuevo León descrito en el oficio de referencia, cuentan con los siguientes datos de identificación:

Todas las concesionarias mencionadas tienen como representante legal al Lie. José Alberto Sáenz Azcárraga y como domicilio legal el ubicado en Avenida Chapultepec No. 28, 5° piso, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal."

4.     Oficio número DEPPP/STCR775022/2010, de fecha ocho de julio de dos mil diez, signado por Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, emitido en alcance a su similar identificado con el mismo número, cuyo contenido es el siguiente:

"Por este medio, me permito dar respuesta a su oficio SCG/1794/2010, derivada del expediente SCG/PE/PAN/CG/059/2010, mediante el cual solicita le sea proporcionada la siguiente información:

[…]

Para dar respuesta a lo solicitado, hago de su conocimiento que del monitoreo realizado durante el periodo que comprende del 28 de mayo al 8 de julio del año en curso, en las entidades que tuvieron Proceso Electoral Local, se obtuvo como resultado la detección de 39 impactos únicamente durante el día 28 de mayo, conforme el siguiente cuadro:

Para mayor precisión, adjunto al presente como anexo único el reporte de detecciones del promocional a que se refiere el oficio que por esta vía se contesta, que se generó durante el periodo del 28 de mayo al 8 de julio del año en curso, en el cual se detalla la emisora, fecha y horario en que fue difundido."

En ese sentido, debe decirse que los elementos probatorios de referencia tienen el carácter de documentales públicas cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en ellas se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos) legítimamente facultada para emitir este tipo de oficios en el ejercicio de sus funciones y para realizar la verificación de las transmisiones del material audiovisual denunciado.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los numerales 34, párrafo 1, inciso a); 35 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

Con tales probanzas se acredita en forma medular lo siguiente:

     Que el promocional motivo de inconformidad en el presente procedimiento, no forma parte de las prerrogativas de acceso al tiempo del Estado en materia de radio y televisión de ningún partido político ni autoridad electoral, toda vez que su transmisión no fue ordenada por el Instituto Federal Electoral.

     Que de la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos mediante su similar identificado con el número DEPPP/STCRT/4297/2010, respecto a la transmisión del promocional denunciado en las emisoras repetidoras del canal de televisión cuyas siglas son XEW-TV, canal 2, se advierte que el mismo tuvo difusión en el territorio de las entidades federativas en que se desarrollaron procesos comiciales locales en la presente anualidad.

     De igual forma se encuentra acreditado que fue detectada la difusión de dos impactos, por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en fechas veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, respectivamente en la emisora identificada con las siglas XEW-TV, canal 2, y que los mismos fueron transmitidos en todas las estaciones repetidoras en el país del mencionado canal de televisión, incluidas las entidades federativas en las que se llevó a cabo Proceso Electoral Local, de conformidad con el informe de monitoreo adjunto al oficio de referencia que fue obtenido del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo, en la siguiente forma:

5.     Oficio número 065/CGCSRI/2010, de fecha uno de julio de dos mil diez, signado por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

"En contestación al oficio SCG/1559/2010 recibido en la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León en fecha veintiocho de junio de 2010, mismo que fuera turnado a esta Coordinación General de Comunicación Social en fecha 30 de junio de 2010 para su atención y seguimiento en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 20 fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, al ser encargada de programar la difusión y cobertura de las campañas de comunicación institucional, me permito informar lo siguiente:

Que dentro del oficio SCG/1559/2010 se hace referencia a que '...la pretensión principal del quejoso tiene que ver con la contratación y transmisión de propaganda en radio...', cuando que la denuncia de la cual derivó la aplicación de la medida cautelar trata de la transmisión de dos promocionales en televisión, por lo que al efecto se rinde el informe en ese sentido de la siguiente manera:

La difusión del promocional descrito en el oficio que se contesta fue solicitada por esta Coordinación General de comunicación Social, mediante un acuerdo o convenio innominado en fecha 12 de mayo de 2010 en el que intervino esta Coordinación General de Comunicación Social (Jorge Luis Treviño Guerra) con domicilio en el primer piso del edificio ubicado en la calle 5 de mayo número 525 oriente en el centro de Monterrey y TELEVISA, S.A. de C.V. (Nallely Martínez Tenorio) con domicilio en Avenida Chapultepec número 18 colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

Así mismo, le informo que de la información emitida por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión a que se refiere el acuerdo de fecha 27 de mayo de 2010 dictado dentro del expediente SCG/PE/PAN/CG/059/2010, en la que se establece la existencia de la transmisión del promocional en dos ocasiones en el canal 2 en fecha 27 de mayo de, estos representaron un costo de $359,903.92 (trescientos cincuenta y nueve mil novecientos tres pesos 92/100) por ambas repeticiones.

No hay que pasar por alto que nuestra Constitución Política establece que la República Mexicana está compuesta de Estados libres y soberanos y dispone que las facultades que no estén expresamente concedidas por la propia Constitución a las autoridades federales, se entenderán reservadas a los Estados.

Ejercitando esa potestad, la Legislación del estado de Nuevo León establece que la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría del Trabajo y la Corporación para el Desarrollo Turístico del estado de Nuevo León, en los artículos 28 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Nuevo León como en el diverso artículo 5o, fracción XIII de la Ley de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, les otorga facultades para establecer e instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas que promuevan tanto el desarrollo económico, laboral y turístico del Estado, así como la promoción y desarrollo de esas políticas o estrategias que impulsen la productividad y la competitividad del Estado.

Esas facultades tuvieron claro reflejo en el promocional objeto del oficio que se contesta, pues en éste únicamente se manifiesta que Nuevo León es líder en la generación de empleos y en apertura de empresas, remarcando que la competitividad de México, está en la propia entidad federativa. Además, dicho mensaje es ilustrado con imágenes de gente laborando en diversas funciones y del Paseo Santa Lucía, que constituye una atracción turística.

La realidad es que el promocional únicamente destaca la competitividad del estado de Nuevo León propiamente dicho, con objeto de fomentar el turismo y atraer inversión que permita la apertura de empresas y la generación de empleos, que se hace en ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y deberes públicos antes destacados.

…”

6.     Oficio número 066/CGCSRI/10, de fecha veintiocho de julio de dos mil diez, signado por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

"En contestación al oficio SCG/2108/2010 recibido en esta Coordinación general de Comunicación Social en fecha 23 de julio de 2010, en el que se solicita de esta Coordinación se sirva realizar en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del citado oficio los requerimientos que se señalan en el citado oficio, lo que se realiza de la siguiente manera:

Dentro del oficio que se contesta se requiere la documentación correspondiente a un acuerdo o convenio innominado celebrado con la persona moral denominada Televimex, S.A. de C.V., cabe aclarar que en el informe rendido anteriormente se menciona que el acuerdo se celebró con TELEVISA, S.A. de C.V.

A) En lo relativo al inciso A) del oficio que se contesta, y como ya se había informado, le reitero que el acuerdo celebrado con TELEVISA, S.A. de C.V., por razones de orden práctico, la contratación de este servicio no se hizo contar en un documento específico.

B) En lo relativo a los incisos B) y C) del oficio que se contesta, me permito informar que la transmisión descrita en el oficio que se contesta fue solicitado por esta Coordinación General de Comunicación Social, mediante un acuerdo o convenio innominado otorgado de manera expresa con el consentimiento verbal de las partes en fecha 12 de mayo de 2010 en el que intervino esta Coordinación General de Comunicación Social (Jorge Luis Treviño Guerra) con domicilio en el primer piso del edificio ubicado en la calle 5 de mayo número 525 oriente en el centro de Monterrey y TELEVISA, S.A. de C.V. (Nallely Martínez Tenorio) con domicilio en Avenida Chapultepec número 18 colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, y según la información recabada por esta Coordinación, el promocional se repitió en dos ocasiones en el canal 2 el día 28 de mayo de 2010, estos representaron un costo de $425,388.60 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) por ambas repeticiones.

Así mismo, le informo que de la información emitida por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión a que se refiere el acuerdo de fecha 13 de julio de 2010 dictado dentro del expediente SCG/PE/PAN/CG/059/2010, en la que se establece la existencia de la transmisión del promocional, este refiere que se detectaron 39 impactos cuando que en realidad son solo dos en el canal 2 a nivel nacional lo que se corrobora con ver las horas que aparecen en el anexo único del informe referido.

No hay que pasar por alto que nuestra Constitución Política establece que la república mexicana está compuesta de Estados libres y soberanos y dispone que las facultades que no estén expresamente concedidas por la propia Constitución a las autoridades federales, se entenderán reservadas a los Estados.

Ejercitando esa potestad, la Legislación del estado de Nuevo León establece que la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría del Trabajo y la Corporación para el Desarrollo Turístico del estado de Nuevo León, en los artículos 28 y 31 Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Nuevo León como en diverso artículo 5o, fracción Xlll de la Ley de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, les otorga facultades para establecer e instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas que promuevan tanto el desarrollo económico, laboral y turístico del Estado, así como la promoción y desarrollo de esas políticas o estrategias que impulsen la productividad y la competividad del Estado.

Esas facultades tuvieron claro reflejo en las transmisiones objeto del oficio que se contesta, pues en éste únicamente se manifiesta que Nuevo León es líder en la generación de empleos y en apertura de empresas, remarcando que la competitividad de México está en la propia entidad federativa. Además, dicho mensaje es ilustrado con imágenes de gente laborando en diversas funciones y del Paseo Santa Lucía, que constituye una atracción turística.

La realidad es que la transmisión únicamente destaca la competitividad del estado de Nuevo León propiamente dicho, con objeto de fomentar el turismo y atraer inversión que permita la apertura de empresas y la generación de empleos, que se hace en ejercicio y cumplimiento de las atribuciones y deberes públicos antes destacados."

En ese sentido, debe decirse que los oficios de referencia poseen el carácter de documentales públicas cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente (Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León) legítimamente facultada para emitir este tipo de oficios e información en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los numerales 34, párrafo 1, inciso a); 35 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

Del contenido de los oficios antes referidos, se acredita lo siguiente:

     Que, no obstante, aún cuando el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León refirió que la realización de la contratación del promocional denunciado fue únicamente para la difusión de cuatro impactos, lo cierto es que el canal dos, identificado con las siglas XEW-TV, concesionado a Televimex, S.A. de C.V., en que fue transmitido el spot de marras cuenta con difusión a nivel nacional, motivo por el cual la producción del mismo se llevó a cabo en aquellas entidades federativas en que las que se desarrollaron procesos comiciales locales en la presente anualidad.

PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS

1.     Impresión del Manual de Identidad de la Administración Pública del estado de Nuevo León.

En ese sentido, debe decirse que el Manual de Identidad aludido posee el carácter de documental pública cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente (Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León) legítimamente facultada para emitir este tipo de documentos en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los numerales 34, párrafo 1, inciso a); 35 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

     Elemento probatorio mediante el cual el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León pretende acreditar la ausencia de fines político-electorales en el uso de la expresión "Nuevo León, Gobierno para todos", toda vez que tal expresión constituye la identificación oficial institucional de la Administración Pública estatal utilizada desde el mes de marzo de dos mil diez.

     Asimismo, que la frase "Nuevo León, Gobierno para todos", no fue creada, ni empleada únicamente para incluirse en el spot motivo de inconformidad, sino para su utilización regular en la propaganda de la entidad federativa en mención.

2.     Oficio número CGCSyRI/CAO016-2010, de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, signado por el Ingeniero Jorge Luis Treviño Guerra, Coordinador de Apoyo a la Operación de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, dirigido a la Licenciada Mariana Durón, Directora Comercial, Televisa México, mediante el cual le solicitan lo siguiente:

"Por medio de la presente solicitamos que desde el momento que reciba esta misiva queden suspendidos los promocionales de Gobierno del estado de Nuevo León.

Esta medida como respuesta a la notificación del Instituto Federal Electoral respecto a la solicitud de adoptar las medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo identificado con el número de expediente SCG/PE/PAN/CG/059/2010".

De igual forma, debe decirse que el oficio de referencia posee el carácter de documental pública cuyo valor probatorio es pleno, respecto de los hechos que en él se consignan, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad competente (Ingeniero Jorge Luis Treviño Guerra, Coordinador de Apoyo a la Operación de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León) legítimamente facultada para emitir este tipo de documentos en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los numerales 34, párrafo 1, inciso a); 35 y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

     Elemento probatorio por el cual el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León acredita que dio aviso a la Directora Comercial de Televisa México, de la orden de suspender el material audiovisual denunciado, derivado de la adopción de medidas cautelares ordenada por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.

Ahora bien, una vez que esta autoridad ha acreditado la existencia de los hechos denunciados por el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el sentido de que se llevó a cabo la transmisión del promocional materia del presente procedimiento en diversas emisoras concesionadas a Televimex, S.A. de C.V., a Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., a Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., a T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y a Televisora del Golfo, S.A. de C.V., en el que se hace referencia al Gobierno del estado de Nuevo León, lo procedente es analizar el fondo del presente asunto.

CUESTIÓN PRELIMINAR

NOVENO.- Que previo al estudio de fondo del asunto que nos ocupa, esta autoridad considera necesario dar contestación a los argumentos esgrimidos por el Gobernador del estado de Nuevo León, por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León y por el representante legal de los concesionarios denunciados, al comparecer al presente procedimiento, los cuales se sintetizan a continuación:

A.    El Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa refirieron la interposición del INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR VICIOS DEL EMPLAZAMIENTO, a efecto de anular la notificación realizada a dichos servidores públicos por esta autoridad el día veintiuno de septiembre de dos mil diez, así como todo lo actuado con posterioridad a la misma, en virtud de que fue materializada en contravención a lo establecido en los artículos 357, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el numeral 9, párrafo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, toda vez que tales numerales disponen que la notificación deberá realizarse por estrados, cuando se trate de una notificación personal y el interesado no se encuentre en el domicilio correspondiente, habiéndose dejado con anterioridad el respectivo citatorio, lo que conlleva a la conculcación de las formalidades esenciales del procedimiento y a colocar en estado de indefensión a los sujetos denunciados.

Al respecto es preciso señalar que no es atendible el argumento hecho valer por los servidores públicos aludidos, atento a las siguientes razones:

En primer término, es de puntualizarse que el artículo 357, en lo que interesa establece lo siguiente:

"Artículo 357.- (Se transcribe)

Asimismo el numeral 9 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, estipula en forma medular lo ya establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 357 antes transcrito. Bajo esta tesitura, es de señalarse que existe una concatenación de premisas que deben actualizarse para llegar a la hipótesis normativa señalada en el párrafo 7, del artículo 357 del código comicial federal en cita, que establece que "[...] 7. Al día siguiente, en la hora fijada en el citatorio, el notificador se constituirá nuevamente en el domicilio y si el interesado no se encuentra, se hará la notificación por estrados, de todo lo cual se asentará la razón correspondiente.

Al respecto es preciso referir que la finalidad de la diligencia de notificación, radica en poner en conocimiento del destinatario el contenido de un acto o resolución, con el objeto de preconstituir la prueba de su conocimiento por parte del interesado, a efecto de que quede vinculado a dicha actuación en lo que le afecte o le beneficie, y si lo considera contrario a sus intereses, esté en condiciones de oponerse.

Aspecto que en el actual procedimiento fue colmado, contrario a lo que aducen los servidores públicos denunciados, respecto a que fue vulnerado su derecho a una defensa adecuada y a la conculcación de las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que si bien los párrafos 4, 5, 6 y 7 del aludido numeral 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevén que las notificaciones serán personales cuando así se determine, pero en todo caso, la primera notificación a alguna de las partes se llevará de forma personal, que el notificador deberá cerciorarse de que la persona tiene su domicilio en el inmueble designado, y que en caso de no encontrarse el interesado se dejará con cualquiera de las personas que se encuentre en él un citatorio que contenga la denominación del órgano que emitió el acto a notificar, los datos de identificación del expediente, un extracto de la resolución que se notifica, el día, hora y nombre de la persona a quien se deja el referido citatorio, así como el señalamiento de la hora a la que al día siguiente deberá esperar la notificación y finalmente si al constituirse nuevamente el notificador en el domicilio designado el interesado no se encontraré se realizara la respectiva notificación por estrados, asentándose razón de ello en autos.

Sentado lo anterior, es de apuntarse que se tienen como respetadas las garantías a que aluden los denunciados, si se cumple la existencia los siguientes elementos:

1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o probabilidad de afectación a algún derecho de un gobernado, por parte de una autoridad.

2. El conocimiento fehaciente del gobernado de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno.

3. El derecho del gobernado de fijar su posición sobre los hechos y el

derecho de que se trate.

4. Finalmente, la posibilidad de que dicha persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses. Las particularidades que se asignen a cada uno de estos elementos dependerán de la naturaleza del objeto, circunstancias, entorno, etcétera, en que se emita e acto de autoridad.

De esta forma, la actualización de tales elementos, como parte de la garantía de audiencia, tienen una estrecha e indisoluble relación con el emplazamiento al procedimiento sancionador que se le siga a determinada persona, y principalmente con la posibilidad de que los sujetos denunciados comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos ordenada en el respectivo sumario.

Precisado ello, en el asunto que nos ocupa, no se incumplió con la garantía de audiencia, ni se vulneró el derecho a una defensa adecuada o las formalidades esenciales del procedimiento en tanto que la citación o emplazamiento al sumario en que se actúa, se efectuó atento a las reglas que para las notificaciones en los procedimientos administrativos sancionadores, se contienen en el multialudido artículo 357 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, en virtud de que obran en autos constancias que acreditan que el Licenciado Oswaldo Tovar Tovar, en su calidad de Asistente Jurídico adscrito a la Vocalía del Secretariado de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Nuevo León, es persona autorizada para efectuar la notificación correspondiente al proveído de fecha trece de septiembre de dos mil diez, en términos del punto NOVENO del referido acuerdo, mismo que se reproduce a continuación:

"NOVENO.- Cítese al Partido Revolucionario Institucional; al Gobernador del estado de Nuevo León, al Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, a los representantes legales de los concesionarios denunciados, así como al Partido Acción Nacional para que por sí o a través de sus representantes legales, comparezcan a la audiencia referida en el punto OCTAVO que antecede, apercibidos que en caso de no comparecer a la misma, perderán su derecho para hacerlo. Al efecto, se instruye a los Licenciados en Derecho Mauricio Ortiz Andrade, Ángel Iván Llanos Llanos, Rubén Fierro Velázquez, Karen Elizabeth Vergara Montufar, Ismael Amaya Desiderio, Miguel Ángel Baltazar Velázquez, David Alejandro Ávalos Guadarrama, María Hilda Ruiz Jiménez, Mayra Selene Santin Alduncin, Wendy López Hernández, Héctor Ceferino Tejeda González, Alfredo Vértiz Flores, Nadia Janet Choreño Rodríguez, Paola Fonseca Alba, Adriana Morales Torres, Francisco Juárez Flores, Julio César Jacinto Alcocer, Marco Vinicio García González, Jesús Enrique Castillo Montes, Jesús Reyna Amaya, Abel Casasola Ramírez, Javier Fragoso Fragoso y Dulce Yaneth Carrillo García, personal adscrito a la Dirección Jurídica de este Instituto, y apoderados legales del mismo, así como a los servidores públicos adscritos a las Juntas Locales y Distritales de esta institución en el estado de Nuevo León, para que en términos de los artículos 65, párrafo 1, inciso I) y 58, párrafo 1, inciso n) del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, conjunta o separadamente practiquen la notificación del presente proveído;

(…).”

Por lo que, contrario a las afirmaciones de los sujetos denunciados que no sustentan con algún elemento de prueba, el Licenciado Oswaldo Tovar Tovar, se identificó como parte del personal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Nuevo León, al acudir en fecha veinte del mismo mes y año al inmueble ubicado en Calle Zaragoza esquina 5 de Mayo, Zona Centro en Monterrey, Nuevo León, México, código postal 64000, cerciorándose de ser éste el domicilio del Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, pues es un hecho público y notorio que se invoca con fundamento en el artículo 358, primer párrafo del código federal electoral, que en esta dirección se ubica la sede del poder ejecutivo de dicha entidad federativa, en busca de los mencionados servidores públicos, y al no encontrarlos procedió a dejar el citatorio correspondiente, para acudir al día siguiente a las once horas con once minutos, lo que se acredita con las constancias que obran en autos.

No obstante ello, al apersonarse el funcionario adscrito al órgano desconcentrado de este Instituto en el estado de Nuevo León, el día veintiuno de septiembre a la hora indicada en los citatorios previos, en el inmueble ya mencionado, fue atendido respectivamente por la C. Norma Alonso Aguirre, en su carácter de recepcionista del Gobernador del estado de Nuevo León y por el C. Jorge Luis Treviño Guerra, en su calidad de Coordinador de Apoyo a la Operación de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, quienes en representación de los sujetos buscados recibieron los oficios identificados con los números SCG/2554/2010 y SCG/2555/2010, así como la documentación que los acompañaban, motivo por el cual al haber recibido las personas referidas los legajos remitidos por esta autoridad, se procedió a entender la diligencia de notificación con los mismos, proporcionando así las constancias necesarias a los sujetos denunciados para su adecuada defensa.

Por tanto la notificación por estrados hecha valer por los sujetos denunciados resulta inoperante en el caso a estudio, toda vez que tal supuesto opera "si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada, procediéndose a realizar la notificación por estrados, asentándose razón de ello en autos".

En tal hipótesis, una vez que el notificador se ha cerciorado de ser el domicilio correcto, si quien se encuentra en el domicilio se niega a recibir el citatorio, se procederá a la fijación de un citatorio en la puerta y se realizará la notificación por estrados. De lo anterior se advierte que en este caso, la comunicación por estrados forma parte de un procedimiento excepcional para concretar la notificación personal.

Situación que en el caso a estudio no aconteció, toda vez que no se hizo patente la negativa de las personas mencionadas para recibir la notificación, de lo contrario como hemos mencionado, lo procedente era fijar citatorio en la puerta de entrada del lugar en donde se practicó la diligencia, tal y como lo ordena el artículo 357, párrafo 8, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y posteriormente, el propio notificador debía dar cuenta al secretario del Consejo General para que éste ordenara que la notificación personal se practicara por estrados.

Corrobora lo anterior el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación identificados con los números SUP-RAP-103/2010, SUP-RAP-1/2007 y SUP-RAP-230/2008 en los que señala que para colmar la exigencia de certeza, en el acto procesal de notificación personal, es necesario que la autoridad encargada de realizarla cuente con plena seguridad de que verdaderamente se hizo a la persona que va destinada o, en su caso, a otras personas ligadas directamente con el sujeto a notificar.

Por lo que se reitera, esta autoridad cumplió con las finalidades de la diligencia de notificación, máxime que tanto el Gobernador del estado de Nuevo León y por el C. Jorge Luis Treviño Guerra, en su calidad de Coordinador de Apoyo a la Operación de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, a través de las personas que autorizaron para representarlas, comparecieron al presente procedimiento en la fecha y hora fijadas para ello, mediante comparecencia del C. José de Jesús Regis García, así como presentando sendos escritos en contestación a las imputaciones que les fueron formuladas y aportando las pruebas que a su juicio consideraron oportunas para desvirtuar los mismos.

Del mismo modo, no pasa desapercibido por esta autoridad que los denunciados adujeron que la procedencia de la anulación del emplazamiento se robustecía al considerar que dicha diligencia no se efectúo con la anticipación a que alude el artículo 357, párrafo 2 del código de la materia, esto es, con al menos tres días de anticipación a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos correspondientes, tal aseveración por parte de los denunciados resulta errónea en virtud de que el numeral 368, párrafo séptimo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, claramente establece que el emplazamiento en los procedimientos especiales sancionadores al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión del escrito de denuncia, según se advierte de lo siguiente:

Artículo 368.- (Se transcribe)

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estimado en diversos precedentes, a saber: SUP-RAP-66/2009 y SUP-RAP-80/2009, que tratándose del procedimiento administrativo especial sancionador, en la notificación a la audiencia de pruebas y alegatos, se deben observar las reglas que rigen a este procedimiento especial.

Ahora bien, dicho órgano jurisdiccional ha establecido como criterio a través de la resolución recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-86/2009 que la audiencia de pruebas y alegatos es la única oportunidad que tiene el denunciado, dentro de un procedimiento administrativo especial sancionador, para defenderse respecto de las conductas imputadas, a través de la presentación de los alegatos y pruebas que estime favorables a su causa, en este sentido, el órgano jurisdiccional electoral consideró que el emplazamiento para comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refieren los artículos 368 y 369 del código de la materia, no debe interpretarse en el sentido de que la misma tenga lugar en un término menor a las cuarenta y ocho horas, toda vez que, de hacerlo así, repercutiría negativamente en una adecuada y oportuna defensa por parte del denunciado, particularmente, en la preparación de aquellos alegatos que considere pertinente expresar, así como el de conocer los hechos que se le imputan, y recabar los medios de prueba que estime necesarios para sostener su defensa y, lo anterior es así, toda vez que lo más importante de las formalidades que debe cumplir la autoridad, respecto de los procedimientos sancionadores, es el emplazamiento a la citada audiencia.

En las relatadas circunstancias, se estima que conforme a lo precisado por el artículo 368, párrafo 7, del código de la materia, y una vez que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral admita la denuncia y realice la investigación preliminar que considere pertinente, en forma inmediata se deberá emplazar al denunciado al procedimiento respectivo, informándole la infracción que se le imputa y corriéndole traslado de la denuncia con sus anexos, citando al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, citación que deberá tener lugar en el plazo razonable e idóneo que es el más cercano o próximo al de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión respectiva, pues sólo así se garantiza la posibilidad de preparar con razonabilidad, oportunidad y eficacia una adecuada defensa y, por lo mismo, que la diligencia en comento cumpla con su cometido, esto es, la celebración de la misma.

La anterior interpretación permite, hacer efectivo el cumplimiento de la garantía de audiencia consagrada en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues, de estimar lo contrario, se haría nugatorio el derecho de defensa oportuno y, por ende, que tuviera posibilidad de atenderla en forma adecuada, produciendo la indefensión, que, se insiste, es precisamente lo que se pretende evitar con el emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos.

Al efecto, en el caso bajo análisis, debe tenerse en consideración que el emplazamiento ordenado fue realizado con más de cuarenta y ocho horas de anticipación a la audiencia respectiva, por lo que se observó el rasgo de inmediatez que la diligencia requería, por lo que las aseveraciones hechas valer por los denunciados resultan inatendibles.

B.    De igual forma el Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, al formular su ofrecimiento de pruebas refieren que en virtud de que el representante legal de las personas morales denominadas Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., no les proporcionaron las copias certificadas de los medios de defensa promovidos en contra de la aplicación de diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, solicitan a esta autoridad formule el requerimiento correspondiente a dichas empresas para que una vez proporcionada esa información se inste a los órganos judiciales a efecto de obtener los números de expediente con los cuales se tramitan. Lo anterior con la finalidad de que en el caso de que declaren fundados los medios de defensa promovidos, se nulifique lo actuado en el presente procedimiento.

En base a lo expuesto, la solicitud realizada por el impetrante no es en forma alguna procedente, pues si bien, el párrafo 2, del artículo 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que en el procedimiento especial sancionador no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica, y que esta última será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia.

Y si bien, de las que no se pueda allegar el oferente puede solicitar que sea a través de la autoridad sustanciadora se requiera la correspondiente información; en el caso a estudio los peticionarios no exhiben algún documento relacionado con la solicitud que manifiestan fue realizada al representante legal de las referidas personas morales, máxime que lo que pretenden acreditar con tal probanza no se encuentra vinculado con los hechos que en el sumario se resuelven, toda vez que pretenden que esta autoridad se allegue de elementos que versan sobre hechos inciertos y futuros. Por lo que resulta inatendible la solicitud realizada por los servidores públicos denunciados.

C.    Por su parte el representante legal de las personas morales Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. De los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. refirió en su escrito por el cual comparece al presente procedimiento que no se encuentra acreditada la difusión de los promocionales motivo de inconformidad, en virtud de que no se sustentó tal afirmación en testigos de grabación.

Al respecto, es preciso referir que el argumento hecho valer por el representante legal de los concesionarios denunciados deviene improcedente, toda vez que ha quedado debidamente acreditado en el apartado denominado "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", que el material audiovisual denunciado fue transmitido en las siguientes emisoras concesionadas a sus representadas.

Circunstancia que fue corroborada por esta autoridad a través del contenido de los oficios números DEPPP/STCRT/4297/2010, de fecha veintisiete de mayo de dos mil diez y DEPPP/STCRT/4297/2010, de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, signados por Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Robusteciendo lo anterior, lo contenido en los informes de monitoreo relacionados con la detección de la transmisión del promocional motivo de inconformidad en las estaciones repetidoras de XEW-TV canal 2 en entidades con Proceso Electoral Local en la presente anualidad a los cuales les fue otorgado valor probatorio pleno. Concatenados con los oficios números 066/CGCSRI/10, de fecha veintiocho de julio de dos mil diez y 065/CGCSRI/2010, de fecha uno de julio de dos mil diez, signados por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, en los que manifiesta en forma expresa que llevó a cabo la contratación de la difusión del material audiovisual denunciado.

Por tanto el hecho de que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos no haya acompañado testigos de grabación, a los informes de monitoreo respectivos, no implica que la difusión de los mismos no se encuentre acreditada, pues como ha quedado evidenciado, existen diversos elementos probatorios que acreditaron su transmisión.

Asimismo es de señalarse que el monitoreo realizado por el Instituto Federal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es realizado atendiendo a los mecanismos y las técnicas especificas y de calidad, así como en la maquinaria y equipo exigidos por la ley.

Además, es de referirse que los testigos de grabación que aporta dicha Unidad Técnica, son complementarios de la relación del monitoreo efectuado por la mencionada Dirección Ejecutiva.

Por otra parte, el artículo 76, párrafos 6 y 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

“Artículo 76.- (Se transcribe)

De la trascripción que se ha hecho de los párrafos 6 y 7 del artículo 76 del citado ordenamiento legal, se advierte que esta autoridad electoral administrativa cuenta con los elementos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales necesarios para ejercer sus facultades y atribuciones en la materia que nos ocupa, en el caso concreto para el monitoreo de los mensajes trasmitidos por las distintas radiodifusoras y televisoras con cobertura en las entidades federativas que conforman el territorio nacional.

En este sentido, como ha quedado determinado en los párrafos que preceden, es la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos la que esté facultada para realizar a través de su Sistema de Verificación los informes de monitoreo relacionados con la detección de la transmisión de algún promocional.

Por lo que queda acreditado que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es la autoridad electoral federal facultada para llevar a cabo todo lo referente al monitoreo y además, cuenta con todos los elementos necesarios para realizar tal actividad.

En adición a lo anterior, conviene señalar que el monitoreo que se practicó para constatar las transmisiones motivo del presente procedimiento, cumple con los requisitos para ser considerado como una herramienta técnica que auxilia a esta autoridad electoral a verificar si los concesionarios de radio y televisión en su caso infringieron o no la normativa electoral.

A mayor abundamiento, debe decirse que el monitoreo de medios de comunicación es el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios y programas objeto del monitoreo.

En cuanto procedimientos técnicos que permiten medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en medios de comunicación, los monitoreos han sido introducidos en el ámbito electoral como una herramienta para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos (y actualmente también de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión), encomendadas a las autoridades electorales.

Dicha metodología permite a esta autoridad contar con elementos suficientes y adecuados para determinar clara y contundentemente, las frecuencias de difusión de los promocionales y los lugares en los cuales fueron vistos en territorio nacional, por lo que se otorga a dichos monitoreos valor probatorio pleno para tener por acreditada la transmisión del promocional de marras conforme a lo indicado en el escrito de queja.

Para mayor claridad de lo anteriormente expresado, resulta conveniente transcribir la parte medular del criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-JRC-179/2005 y su acumulado SUP-JRC-180/2005.

"El monitoreo de medios de comunicación es el conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, etcétera, objeto del monitoreo.

En cuanto procedimientos técnicos que permiten medir la cantidad y calidad de los mensajes publicados en medios de comunicación, los monitoreos han sido introducidos en el ámbito electoral como una herramienta para auxiliar y coadyuvar en las funciones al control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales.

En conformidad con el artículo 11, undécimo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México tiene a su cargo, entre otras actividades, las relativas a la fiscalización del financiamiento público y gastos de los partidos políticos.

En el ejercicio de esta actividad el Consejo General del citado instituto se apoya de las comisiones de Fiscalización y de Radiodifusión y Propaganda.

En términos de lo establecido en los artículos 61 y 62 del código electoral local, la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México es el órgano técnico electoral encargado de la revisión de los informes sobre el origen y aplicación de los recursos, que rindan los partidos políticos; para lo cual, cuenta con las atribuciones siguientes: 1) Elaborar lineamientos técnicos (que serán aprobados por el Consejo General) sobre cómo presentar los informes y cómo llevar el registro de los ingresos y egresos, así como la documentación comprobatoria; 2) Previo acuerdo del Consejo General, realizar auditorías (entre ellas de los fondos, fideicomisos y sus rendimientos financieros que tengan los partidos políticos); 3) Revisar y emitir dictámenes respecto de las auditorías practicadas por los partidos políticos, y 4) Las demás que establezca el propio código electoral o las que establezca el Consejo General.

Por su parte, la Comisión de Radiodifusión y Propaganda del multicitado instituto tiene a su cargo, entre otras funciones, acorde con lo dispuesto por los artículos 66 y 162 del código referido, la realización de: 1) monitoreos cuantitativos y cualitativos de medios de comunicación electrónicos e impresos durante el periodo de campaña electoral, o antes si así lo solicita un partido políticos y 2) monitoreos de la propaganda de partidos políticos colocados en bardas, anuncios espectaculares, postes, unidades de servicio público, y todo tipo de equipamiento utilizado para difundir mensajes, les cuales en la práctica son conocidos comúnmente como medios alternos.

Estos monitoreos, acorde con lo establecido en el numeral 162 citado tienen como finalidades: a) garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; b) medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y c) apoyar la fiscalización de los partidos para prevenir que se rebasen los topes de campaña. [...]

Acorde con lo dispuesto en los artículos 335, 336, y 337, párrafo primero, fracción II del Código Electoral del Estado de México, los monitoreos referidos sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados."

Bajo este contexto, la autoridad de conocimiento determina que las alegaciones realizadas por el representante legal de las concesionarias denunciadas resultan inatendibles en virtud, de que aún cuando no se hubiera acompañado los testigos de grabación correspondientes a los oficios números DEPPP/STCRT/4297/2010 y DEPPP/STCRT/4297/2010, signados por Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, tal hecho no es suficiente para colegir que no es posible acreditar la difusión de los promocionales materia del presente asunto.

Lo anterior en virtud de que esta autoridad no solo cuenta con las documentales públicas referidas para acreditar la difusión de los promocionales denunciados sino también con el reconocimiento expreso de los denunciados de la existencia de los spots, mediante los oficios números 066/CGCSRI/10, de fecha veintiocho de julio de dos mil diez y 065/CGCSRI/2010, de fecha uno de julio de dos mil diez, signados por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, en los que manifiesta en forma expresa que llevó a cabo la contratación de la difusión del material audiovisual denunciado; así como el escrito de fecha veinticuatro de septiembre de esta año signado por el representante de las concesionarias denunciadas, en el cual argumenta expresamente lo siguiente:

“Mis representadas transmitieron el promocional, en virtud del convenio innominado de fecha 12 de mayo de 2010, en el cual intervino la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaria General de Gobierno de Nuevo León y Televisa, S.A. de C.V., que se refiere en el oficio número 065/CGCSRI/2010, de fecha 1 de julio de 2010, el cual obra a foja número 198, del expediente en que se actúa."

Por tanto, los hechos reconocidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 358, primer párrafo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no son objeto de prueba.

D.    El representante legal de las personas morales Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. De los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. refirió que la contestación al oficio SCG/2556/2010 y comparecencia a la audiencia respectiva se efectuaba de manera cautelar dado que los cuerpos normativos en los que esa autoridad sustenta su proceder, son motivo de impugnación por parte de sus representadas mediante juicio de amparo indirecto, mismo que aún se encuentra pendiente de resolución definitiva ante el órgano jurisdiccional competente perteneciente al Poder Judicial de la Federación y que por tanto no existe justificación legal ni fundamento alguno por la que se hubiera iniciado el procedimiento especial sancionador en contra de sus mandantes.

El argumento hecho valer por el autorizado del representante legal de las concesionarias en mención deviene improcedente para el asunto que nos ocupa, en primer término porque no aporta a esta autoridad elemento de convicción alguno con el que acredite la interposición del Juicio de Amparo Indirecto en contra de la legislación en que esta autoridad funda su actuación, toda vez que no refiere datos de identificación del mismo, tales como número de expediente u órgano sustanciador.

No obstante lo anterior, tal situación no impide que ésta autoridad pueda continuar con el ejercicio de su facultad inquisitiva y sancionatoria, lo que evidencia que tal hecho de modo alguno produce la suspensión del presente procedimiento, ya que de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral la interposición de algún medio de impugnación constitucional o legal, no produce efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Por tanto, con fundamento en el numeral 364 del ordenamiento legal en cita una vez admitida la queja o denuncia la autoridad de conocimiento se encuentra facultada para emplazar a los denunciados, circunstancia que en el presente sumario aconteció, toda vez que de las diligencias realizadas por esta autoridad se derivo la presunta responsabilidad de las concesionarias llamadas al procedimiento en que se actúa ante la posibilidad de una infracción a la normativa electoral constitucional, legal y reglamentaria.

Bajo este contexto, el hecho de que exista pendiente de resolución un juicio constitucional ente los órganos jurisdiccionales, incoado por los concesionarios denunciados, de ningún modo pueden exentarles de ser sujetos de infracción ante la existencia de una conducta presuntamente violatoria de la normatividad electoral, motivo por el cual lo argüido por el representante legal de las personas morales denunciadas carece de sustento para los efectos del fallo que se pronuncia.

E.     El Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, al comparecer al presente procedimiento argumentaron que en virtud de que la denuncia no había sido interpuesta en su contra el presente procedimiento especial sancionador resultaba inviable e improcedente.

En efecto, los denunciados a través de los escritos mediante los cuales comparecieron al presente procedimiento manifestaron lo siguiente:

"3. El procedimiento especial sancionador en relación con cual comparezco es inviable e improcedente respecto del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y del Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno de la propia entidad federativa, pues la denuncia correspondiente no fue interpuesta en contra de dichas autoridades administrativas estatales.

En efecto, mediante escrito presentado en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el día 26 de mayo de 2010, el supuesto representante suplente del Partido Acción Nacional interpuso "... denuncia en contra del Gobierno del Estado de Nuevo León, el Partido Revolucionario Institucional en su carácter de garante y de quien resulte responsable..." por los hechos que en el propio ocurso expuso, mismos que no atribuyó al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, ni al Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno de la propia entidad federativa, ni a autoridad o persona específica alguna.

Adviértase, inclusive, que si bien la denuncia fue interpuesta en contra del "Gobierno del Estado de Nuevo León", éste como tal no es susceptible de ser considerado como núcleo de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, al no encontrarse comprendido como tal entre los sujetos mencionados en los artículos 341, regla 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 6 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral; máxime que el "gobierno" del Estado de Nuevo León no constituye una persona moral, de conformidad con los artículos 22 Bis II y 22 Bis III, fracción I del Código Civil para la propia entidad federativa, sino solamente una pluralidad de actividades que, en términos de los artículos 116 de la Constitución federal y 30 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, son ejercidas por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Ahora bien, la simple referencia abstracta y difusa al "Gobierno del Estado de Nuevo León" contenida en la denuncia del caso, no constituye una vinculación directa entre los hechos denunciados y el Gobernador Constitucional y el Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno, ambos del Estado de Nuevo León; habida cuenta que los actos gubernamentales emanan de las autoridades integrantes de los tres Poderes estatales.

Por lo tanto, considero que esa H. autoridad deberá declarar la inviabilidad e improcedencia del procedimiento especial sancionador en lo atinente al Gobernador Constitucional y al Coordinador General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno, ambos del Estado de Nuevo León, al no habérseles atribuido ni series atribuibles los hechos denunciados."

Ahora bien, los argumentos vertidos por los denunciados relacionados con que al no ser señalados expresamente como infractoras de los actos y hechos que se imputaban en el escrito de queja, esta autoridad actúo de manera ilegal al emplazarlos al procedimiento especial sancionador, resulta inatendible por lo siguiente:

En términos del artículo 41, base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 104, 105, párrafo 1, incisos a), e), f) y párrafo 2 y 106, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, depositario de la función estatal de organizar elecciones, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, cuyos fines fundamentales son entre otros: vigilar el cumplimiento de las disposiciones, principios, mandatos y prohibiciones previstas en la Constitución Federal y en las disposiciones legales en materia electoral; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, quien a su vez guiará su actividad bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del referido Instituto, como órgano superior de dirección y vigilancia, es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, teniendo entre sus diversas atribuciones, tal y como lo disponen los numerales 118, incisos I) e w) del Código de referencia, vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la contratación y difusión de propaganda política y electoral que corresponda al Estado en Radio y Televisión, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos previstos en dicho código; investigar por los medios a su alcance, hechos que atenten en contra del sufragio y pongan en riesgo el desarrollo del proceso electoral respectivo, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

De lo antes expuesto, se puede colegir que ante la comisión de cualquier conducta presuntamente transgresora del marco constitucional y legal en materia electoral, el Instituto Federal Electoral, como órgano máximo de dirección, y encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten investigar y remediar de manera eficaz e inmediata, cualquier situación irregular que pueda afectar la contienda electoral y sus resultados o que hayan puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen, independientemente de las sanciones administrativas que el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé sobre el particular.

Ahora bien, para garantizar el cumplimiento de estos fines del Instituto Federal Electoral, el propio constituyente permanente diseñó los procedimientos expeditos a que se refiere el artículo 41, Base III, apartado D de la Constitución Federal, regulados en el Libro Séptimo, Título Primero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciendo un régimen sancionador electoral para conocer de las responsabilidades en que pudieran incurrir los sujetos infractores al desatender las obligaciones establecidas en la Constitución Federal y en sus leyes reglamentarias, con objeto de garantizar, entre otras cuestiones, la equidad de la competencia de los partidos políticos y la correcta difusión de la propaganda política electoral, encontrándose, entre los sujetos de responsabilidad, los ciudadanos o cualquier persona física o moral, así como los concesionarios y permisionarios en radio y televisión, de conformidad con los incisos d) e i), del artículo 341, del multicitado código.

Precisado lo anterior, del análisis integral y exhaustivo del escrito de denuncia presentado por el representante del Partido Acción Nacional, se observa que la pretensión del denunciante fue la de interponer una queja o denuncia EN CONTRA DE QUIEN RESULTARA RESPONSABLE, poniendo en conocimiento del Instituto Federal Electoral una serie de hechos con el ofrecimiento de diverso caudal probatorio que, en su concepto, constituyen conculcaciones a la normatividad electoral aplicable, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por la transmisión en televisión de un promocional presuntamente constitutivo de propaganda gubernamental.

Con base en lo anterior, el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil diez, dio inicio al presente procedimiento emplazando a los denunciados manifestando lo siguiente: "...del análisis del expediente en que se actúa, así como de las constancias que obran en el expediente al rubro citado, se desprenden indicios suficientes relacionados con la comisión de conductas que podrían dar lugar a: A) La presunta violación a lo previsto en los artículos 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 347, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuibles al Gobernador del Estado de Nuevo León y Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, con motivo de la difusión de la propaganda objeto de inconformidad...".

Al respecto, es conforme a derecho el actuar del Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal electoral, sobre la formación e inicio del procedimiento especial sancionador, así como el emplazamiento incoado entre otros al Gobernador del Estado de Nuevo León y al Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa, pues de una interpretación sistemática de los artículos 356, apartado 1, inciso c); 358, apartados 5, 6,7 y 8; 360; 362, apartados 1, 5, 8 y 9; 363, apartados 3 y 4; 365; 367; 368, apartados 1, 5, 6 y 7; 369, apartados 1 y 3, inciso c), y 371, apartado 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 11, 16 y 75 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, dicho funcionario tiene por un lado, facultades para determinar el tipo de procedimiento administrativo sancionador que debe seguir las quejas que se presenten, así como clasificar los hechos denunciados a fin de establecer la infracción por la que se seguirá el procedimiento respectivo, pues dicho servidor público es quien tiene a su cargo, tanto en el procedimiento ordinario como en el especial sancionador, realizar la tramitación e instrucción de todas las quejas sometidas al conocimiento del órgano superior de dirección de la autoridad administrativa electoral federal.

Asimismo, del contenido de los invocados preceptos, se desprende que dicho funcionario cuenta con atribuciones para que, durante la instrucción de los procedimientos ordinarios o especiales sancionatorios, al tener como finalidad poner el expediente en estado de resolución, en forma implícita, conlleva dictar todas aquellas medidas necesarias para desarrollar de manera ordenada la indagatoria, realizar una investigación con las características de ley y conducir el procedimiento de manera adecuada, a fin de integrar la queja o denunciar para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentre en aptitud de dictar la resolución que en derecho proceda de manera oportuna y eficaz.

Al respecto resulta aplicable mutatis mutandi el criterio sostenido en la tesis número S3ELJ 16/2004 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 237 y 239 de la Compilación Oficial de Jurisprudencias y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro y texto indican:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS— (Se transcribe)

De ahí que no le asista la razón a los denunciados cuando refieren que les causa perjuicio el hecho de que no obstante no haber sido señalados en la queja que da origen a la presente resolución, se les emplazó al procedimiento especial sancionador, dado que el Instituto Federal Electoral, cuenta con plenas facultades y atribuciones, para que, a través de sus órganos competentes, al conocer con motivo de una denuncia o queja, posibles conductas que se traduzcan en la presunta trasgresión a la normatividad electoral, tiene como facultad y obligación por mandato constitucional, el iniciar el procedimiento sancionador respectivo, determinando si se actualizan o no las infracciones a la normativa electoral, quién o quiénes son los responsables, con independencia de que en la denuncia o queja no hayan sido señaladas directa o indirectamente como infractoras, e imponga las sanciones respectivas, pues como quedó explicitado con anterioridad, uno de los principios básicos del Instituto Federal Electoral, es el vigilar el cumplimiento de las disposiciones, principios, mandatos y prohibiciones previstos en la Constitución Federal y en las disposiciones legales en materia electoral.

F.     Por último, los denunciados argumentaron que el promocional al corresponder al estado de Nuevo León, entidad federativa que no desarrollaba un proceso electoral al momento de su difusión, aún cuando hubieran sido transmitidos en entidades federativas con proceso local no podrían constituir propaganda gubernamental contraria a la ley, pues no existía correspondencia entre los estados receptores y el estado emisor de la información, por lo que era posible concluir que no había una afectación a los comicios locales.

La aseveración sostenida por los denunciados resulta inatendible en virtud de que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostener, a través de la resolución recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-71/2010, que la territorialidad que abarca la restricción constitucional establecida en el artículo 41, Base III, Apartado C, atendiendo a los valores y principios que se tratan de proteger con la normatividad constitucional, legal y reglamentaria aludida en párrafos precedentes, se arriba a la válida conclusión, que se extiende a todos aquellos lugares en que se desarrolle algún proceso electoral, con independencia de que se trate de la propaganda gubernamental que emiten las propias autoridades de la entidad federativa, municipio o demarcaciones políticas, en que llevan a cabo sus propios comicios locales, o bien, de la que difunda otra entidad federativa.

De lo anterior se advierte que el hecho de que la propaganda gubernamental difundida en las entidades federativas donde se desarrollaban comicios electorales, específicamente en su etapa de campañas, emanara de servidores públicos distintos a los de su propia entidad federativa no constituye un obstáculo para integrar la infracción constitucional.

Del mismo modo, cabe precisar que la restricción constitucional no implica un obstáculo para las funciones estatales, ni de sus deberes y atribuciones, pues la suspensión de la difusión de propaganda electoral esta constreñida a un tiempo y espacio determinado, esto es, en periodo de campañas electorales hasta la jornada electoral, en las entidades federativas en las cuales se desarrolla un proceso electoral, luego entonces, la difusión de la propaganda gubernamental es legal en el resto de las entidades que no se encuentren en estos supuestos.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

DÉCIMO.- Que en el presente apartado corresponde conocer del primero de los puntos de litis, sintetizado en el inciso A) del considerando SÉPTIMO del presente fallo, el cual se constriñe a determinar si el Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, infringieron lo previsto en el artículo 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los numerales 2, párrafo 2 y 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con motivo de la difusión de propaganda gubernamental en las entidades federativas donde se desarrollaron comicios de carácter local, derivado de la transmisión del promocional en el que aparece una joven de sexo femenino que refiere diversas características de las personas que habitan en el estado de Nuevo León y en el que se alude al Gobierno de dicha entidad federativa con la aparición del emblema del mismo, y que es objeto del llamamiento al presente procedimiento.

Sentado lo anterior, conviene tener presente el marco constitucional y normativo que debe observarse respecto de actos que tengan injerencia con las limitaciones a que está constreñida la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

Al respecto, conviene reproducir el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, en lo que resulta aplicable al asunto que nos ocupa, mismo que es del tenor siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"Artículo 41. (...).- (Se transcribe)

(...)

Apartado C. (...)

(…)”

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

"Artículo 2.- (Se transcribe)

1.                      (...)

"Artículo 347.- (Se transcribe)

REGLAMENTO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL Y POLÍTICO ELECTORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

"Artículo 3- (Se transcribe)

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

"PRIMERO. Se emiten las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental a que se refiere el artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales son del tenor siguiente:

PRIMERA.- Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental de radio, televisión, publicidad exterior o circulación de cualquier medio impreso tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en términos y con las excepciones establecidas tanto en el párrafo 2 del artículo 2, como en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto por el párrafo segundo del Apartado C de la Base III del artículo 41 de la Constitución, así como por lo que dispongan las presentes normas, a partir del inicio de las campañas que para el proceso electoral federal 2009, comienzan el 3 de mayo de 2009, en todo el territorio nacional así como en el extranjero y antes en el caso de aquellas entidades federativas que inicien campañas previamente hasta el 5 de julio de 2009.

(…)”

Bajo estas premisas, es de referir que la finalidad de las normas antes transcritas, radica en salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, al evitar la difusión de propaganda gubernamental que realicen en los medios de comunicación social los poderes públicos federales, estatales o municipales, los órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y, en general, todos los servidores, funcionarios y entes públicos, lo anterior atento a la prohibición de difundir propaganda cuyo contenido sea de carácter electoral, esto es, que debe abstenerse de estar dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular; así como a la restricción de que tal propaganda gubernamental no puede difundirse en el entorno de un proceso electoral, durante el periodo que comprende la etapa de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta la conclusión de la jornada electoral, salvo en los casos previstos expresamente en el artículo 41, base III, apartado C, in fine, de la Carta Magna.

Toda vez que, estimar lo contrario, implicaría que la difusión de propaganda gubernamental pudiese constituir aquella que influyera en las preferencias electorales de los ciudadanos y, con ello transgredir el principio democrático conforme con el cual los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno y los entes públicos deben observar una conducta imparcial en los procesos comiciales.

Consideraciones que encuentran sustento jurídico en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia correspondiente al Juicio de Revisión Constitucional Electoral Federal identificado con la clave SUP-JRC-210/2010 (resuelto en fecha día veinticinco de agosto de dos mil diez), en el que determinó que la difusión de propaganda alusiva a un informe de gestión durante el periodo de precampañas, no conculca la normativa comicial, dado que la Constitución General lo prohíbe únicamente a partir del inicio de las campañas electorales.

De esta forma, de los numerales transcritos y del criterio expuesto, se deriva lo siguiente:

         Que la propaganda gubernamental, por lo que hace a la temporalidad, no puede difundirse en el entorno de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral y periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral, por lo que deberá suspenderse su difusión en los medios de comunicación social.

         Que dicha prohibición se refiere a la propaganda gubernamental tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

         Que las únicas excepciones a la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo en que transcurra el proceso electoral en las etapas señaladas es que la misma se refiera a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

         Que se considera propaganda institucional o gubernamental legal aquella emitida por los poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles, órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se lleve a cabo fuera del periodo de campañas.

         Que la propaganda institucional debe tener un fin informativo, educativo o de orientación social.

         Que sólo se limite a identificar el nombre de la institución de que se trata sin elementos personales o que su contenido sea político-electoral.

Lo anterior es así, pues como se ha venido evidenciando a lo largo de la presente determinación, los bienes o valores jurídicos protegidos con la prohibición de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, son la imparcialidad y la equidad, los que por su importancia se erigen como pilares de los regímenes democráticos, los cuales a través de la reforma constitucional se buscaron salvaguardar.

En ese sentido, la hipótesis normativa que en el caso se viene estudiando es la relativa a que: "Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia". En ese sentido, resulta conveniente precisar algunos términos que son referidos en la misma, siendo éstos los siguientes:

Tomando en consideración lo que la Real Academia de la Lengua Española precisa se obtiene que:

Propaganda.

(Del lat. propaganda, que ha de ser propagada).

1.       f. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores.

2.       f. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

3.       f. Congregación de cardenales nominada De propaganda f'tde, para difundir la religión católica.

4.       f. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc.

En ese orden de ideas, esta autoridad de conocimiento ha definido en el Reglamento de Quejas y Denuncias y en el de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, lo que se debe entender por propaganda política, electoral e institucional, en los términos siguientes:

“(…)

VI. La propaganda política constituye el género de los medios a través de los cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral federal.

VII Se entenderá por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral.

También se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato.

Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

(...)"

"Artículo 3.- (Se transcribe)

En ese sentido, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las sentencias emitidas en los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-236/2009, SUP-RAP-282/2009, SUP-RAP-71/2010, entre otras, ha sostenido que se entiende por propaganda política, electoral e institucional o gubernamental, lo siguiente:

“(…)

La propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias electorales a un partido (candidato), un programa o unas ideas. Es decir, en términos generales, la propaganda política es la que se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es la que se encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar al poder.

Aplicado a la materia electoral, puede concluirse que la propaganda electoral tiene por objeto el atraer adeptos a los partidos políticos y, en consecuencia, conseguir el mayor número de votos posible para sus candidatos; por lo que, para determinar si un spot de televisión contiene propaganda electoral de un partido político, lo verdaderamente importante es que tenga como fin el conseguir adeptos y, eventualmente, el mayor número de votos para sus candidatos registrados, mas no resulta necesario que tenga como fin la difusión de sus propuestas electorales o que se cite la palabra voto.

(…)”

“(…)

Se considera propaganda institucional la que es emitida por los poderes públicos, órganos de gobierno en los tres niveles de gobierno, órganos autónomos y cualquier ente público, siempre y cuando se difunda fuera del periodo de campañas federales y hasta que concluya la jornada electoral.

(…)"

“(...)

(…) constituye propaganda gubernamental, en tanto tiene esta connotación la proveniente de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficio y compromisos cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la propia normatividad, como son los educativos, de salud y las necesarias para la protección civil.

(…)”

Evidenciado lo anterior, se advierte que por cuanto hace a los sujetos que pueden incurrir en violación al citado artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo constitucional, de conformidad con los dispositivos legales indicados en párrafos precedentes, son:

a) Los poderes federales y estatales;

b) Los municipios;

c) Los órganos de gobierno del Distrito Federal;

d) Las delegaciones del Distrito Federal; y

e) Cualquier otro ente público.

Por tanto, cualesquiera de los sujetos mencionados, pueden aparecer en la conducta infractora cuando incumplan el deber de suspender la difusión de propaganda gubernamental en el periodo expresamente prohibido.

En ese orden de ideas, la prohibición dada para los poderes y servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, los del Distrito Federal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, consiste en el impedimento para hacer cualquier tipo de propaganda gubernamental que pueda afectar el principio de equidad en la contienda entre partidos políticos, sin que en ninguna de dichas disposiciones prohibitivas se exija, para conformar la falta, un contenido o forma específica de la propaganda que se prohíbe.

Esto es, la publicidad propagandística restringida legalmente a cualquiera de dichos sujetos no exige una forma o contenido especial, lo cual implica que prohíbe cualquier forma o clase de propaganda, que afecte el principio de equidad o el de imparcialidad en los procesos comiciales.

De esta suerte, se transgrede la prohibición referida si se difunde propaganda gubernamental en cualquier medio dentro del periodo prohibido (que según la interpretación legal que ha formulado la H. Sala Superior, comprende la fase de campañas, periodo de reflexión y la jornada electiva) trastocando con ello los valores jurídicos tutelados en la normativa: la equidad y la imparcialidad en las contiendas electivas.

Además, resultaría absurdo estimar que para constituir esa infracción electoral, la propaganda de los entes públicos señalados, vertida en tiempos no permitidos, tuviera necesariamente que hacer referencia expresa y directa a la plataforma electoral registrada, a los programas o acciones políticas fijados por los partidos en sus documentos básicos, o llamar a la ciudadanía a votar a favor o en contra de un determinado candidato, pues con ello se estarían estableciendo elementos del tipo de la infracción que no exigió el legislador federal; además, se generaría una hipótesis de permisión para que cualquiera de dichos sujetos pudiera realizar propaganda gubernamental a favor de alguno de los contendientes electorales, siempre que omitiera referir en su contenido tales elementos. Suponer que así debe ser entendida la prohibición mencionada provocaría un fraude a la ley y se rompería con el sistema electoral diseñado desde la constitución, complementado en las leyes secundarias, que propende a resguardar de cualquier vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y legalidad de los procesos comiciales.

Con base en todo lo hasta aquí expuesto, resulta válido afirmar que toda propaganda gubernamental que se difunda en algún medio de comunicación social, como puede ser la televisión, radio, prensa escrita o el Internet, entre otros, siempre que se dé en el periodo de campaña electoral y hasta el final de la jornada electoral, debe ser considerada como contraventora del orden constitucional y legal, en materia electoral, máxime si tiene como objetivo resaltar los logros del Gobierno o publicitar las obras ejecutadas en beneficio de la colectividad.

Esto es así, porque la reforma electoral se fincó en la necesidad de fijar un nuevo marco normativo con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y de equidad rectores de los procesos comiciales.

En ese sentido, y como se ha venido argumentando el Poder Reformador de la Ley Fundamental al adicionar el dispositivo 41 constitucional, pretendió, entre otras cuestiones, establecer como norma de rango constitucional la imparcialidad de los tres órdenes de gobierno respecto de la competencia electoral.

En efecto, la reforma en comento incorporó el deber de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales, periodo de reflexión y hasta la conclusión de la jornada electoral, a fin de desterrar añejas prácticas que servían de publicidad como la prohibida, con el objetivo de promocionar o perjudicar a un partido político o candidato y para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral.

Es decir, estimó como lesivo de la democracia:

a)     Que el ejercicio del poder sea usado para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos; y

b)     Que la propaganda gubernamental sea utilizada con fines distintos a los de tipo institucional, de seguridad, salud, educativos y de protección civil.

De esa manera, se incorporó la tutela de un bien jurídico esencial de nuestro sistema democrático: la necesidad de que los poderes públicos, en todos los órdenes, observen una conducta de imparcialidad respecto a la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la ciudadanía, a partir de que se encuentran en una posición de primacía con relación a quienes carecen de esa calidad.

Sobre el particular, cabe señalar que tanto el Poder Reformador de la Constitución como el legislador federal advirtieron la necesidad de excluir del límite temporal en que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental, aquéllos casos que, en virtud de su naturaleza, protegen bienes sociales en los que no puede postergarse el derecho de la ciudadanía a recibir con oportunidad la información concerniente, como sucede tratándose de las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

En este orden de ideas y como corolario de lo expuesto, a efecto de garantizar los principios rectores de la materia electoral, durante los procesos electorales, se advierte lo siguiente:

o       Está prohibida la difusión de propaganda gubernamental por cualquier medio de comunicación social.

o       Dicha prohibición se circunscribe al tiempo que comprenden las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral.

o       Tal restricción abarca la propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

o       La propia ley prevé casos de excepción a dicha prohibición, como es la relativa a propaganda gubernamental relacionada con servicios educativos, de salud, así como la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

Como se evidenció con antelación, en relación con los procesos electorales de las entidades federativas durante el año de dos mil diez, esta autoridad emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES DE 2010, identificado con la clave CG601/2009, en el que se establece, en lo que importa lo siguiente:

"SEGUNDO.- Deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en radio y televisión, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público, en términos y con las excepciones establecidas en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo dispuesto por el párrafo segundo del apartado C de la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo que dispongan las presentes normas, a partir del inicio de cada una de las campañas y hasta el día de la jornada electoral que tengan cada uno de los Estados que celebren proceso electoral local en el 2010.

TERCERO.- Se permitirá como publicidad vinculada a la salud, la propaganda que para la asistencia pública emitan tanto la "Lotería Nacional" como "Pronósticos para la Asistencia Pública", las cuales no tendrán logotipos ni cualquier tipo de referencias del gobierno federal ni de algún otro gobierno.

Asimismo, debido a que promueve la cultura nacional y la identificación de la población con su país, podrá permanecer la publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros centros turísticos del país, incluyendo la campaña "Vive México", siempre y cuando no tenga logotipos o referencia alguna al gobierno Federal ni a gobiernos de alguna entidad federativa, municipio o delegación.

Además, se podrá difundir la campaña de educación del Servicio de Administración Tributaria, para incentivar el pago de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales en aquellas entidades que tendrán proceso electoral durante 2010, siempre y cuando en la misma no se incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal o logros de las instituciones. En dichas campañas podrá utilizarse el logotipo del Servicio de Administración Tributaria.

También podrán difundirse, durante el periodo de campañas locales, las campañas de comunicación social del Banco de México, cuyo contenido sea exclusivamente educativo, siempre y cuando no incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, o haga mención alguna a logros de la institución o de ninguna otra.

Por otra parte, con el fin de no obstaculizar las tareas derivadas del levantamiento del Censo General de Población 2010, se permitirá la difusión de la campaña de comunicación social que sobre el tema difunda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el periodo de campañas locales en los Estados referidos en el presente Acuerdo siempre y cuando no incluya ninguna referencia o logotipo del gobierno federal, o haga mención alguna a logros de la institución o de ninguna otra.

En el mismo sentido, y en virtud de que busca fomentar el amor a la Patria, de conformidad con el artículo 3 constitucional, se exceptúa de las regias de propaganda gubernamental, la campaña de comunicación social relativa a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución a conmemorarse en el año 2010, la cual deberá tener carácter absolutamente institucional, por lo que no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno ni tenga elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

Por último, se especifica que durante la emisión radiofónica denominada "La Hora Nacional" deberá suprimirse toda alusión a propaganda de poderes públicos o de cualquier ente público. Asimismo, no podrán difundirse en dicho espacio slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, ni difundirse elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno."

Así, se puede advertir que la intelección sistemática de estos preceptos con lo previsto en las normas constitucional y legal, permite concluir que la prohibición dada para los poderes públicos de cualquier nivel de gobierno, los del Distrito Federal y cualquier otro ente público, consiste en el impedimento de difundir cualquier tipo de propaganda gubernamental que pueda afectar los principios que rigen la materia electoral, más específicamente, los de equidad e imparcialidad en la contienda entre partidos políticos o candidatos, sin que en ninguna de las mencionadas disposiciones restrictivas se prevea un contenido específico de la propaganda que se prohíbe.

En cuanto al aspecto temporal, la restricción comprende el periodo relativo a las, campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, es decir, tal lapso incluye la campaña, el tiempo de reflexión previo a la jornada electoral y el día en que ésta se desarrolla.

En cuanto a la territorialidad que abarca la restricción, debe señalarse, que si atendemos a los valores y principios que se tratan de proteger con la normatividad constitucional legal y reglamentaria aludida en epígrafes precedentes, se arriba a la válida conclusión, que se extiende a todos aquellos lugares en que se desarrolle algún proceso electoral, con independencia de que se trate de la propaganda gubernamental que emiten las propias autoridades de la entidad federativa, municipio o demarcaciones políticas, en que llevan a cabo sus propios comicios locales, o bien, de la que difunda otra entidad federativa.

Esto es así, porque según se ha razonado, las supracitadas normas constitucional, legal y reglamentaria, tienen como finalidad que se lleven a cabo elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, para que puedan ser consideradas como democráticas, asimismo, salvaguardar los principios que rigen la materia electoral, especialmente, los de equidad e imparcialidad en la contienda electoral, de ahí que, la propaganda gubernamental que difundan los poderes, autoridades, órganos o entes, de una entidad federativa distinta de aquellas en la que se lleva a cabo la elección -la que sí se encuentra sujeta a la restricción que se examina- podría repercutir, precisamente, en los estados donde se está llevando a cabo el proceso electivo, en los cuales debe cuidarse prevalezcan los principios de equidad e imparcialidad que los rige.

Abona esta conclusión, el carácter nacional de la mayoría de los partidos políticos que participan en las contiendas electorales locales, y quienes por disposición expresa de la ley, deben contar con órganos a nivel estatal y municipal, circunstancia que permite inferir que aquella propaganda que tienda a exponer logros, según se indicó, puede repercutir en el desarrollo de los procesos electorales en las entidades federativas en las que se están llevando a cabo comicios, en atención a que los electores identifican a las opciones políticas de la naturaleza apuntada -partidos políticos nacionales- con los gobiernos emanados de éstas.

Amén, de lo expuesto, a juicio de esta autoridad y tomando en consideración los diversos criterios que se han emitido respecto al tema, así como lo sostenido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye propaganda gubernamental, la proveniente de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficio y compromisos cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la propia normatividad, como son los educativos, de salud y las necesarias para la protección civil.

Bajo las premisas antes apuntadas y a efecto de determinar si el promocional denunciado constituye propaganda gubernamental difundida dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, sin encontrarse amparada en los casos de excepción previstos en la normativa electoral  es preciso identificar plenamente el periodo de campaña.

Atento a ello, resulta atinente tener presente los acuerdos identificados con las siglas ACRT/001/2010, ACRT/010/2010, ACRT/017/2010, ACRT/071/2009 (precampaña) y ACRT/007/2010 (campaña), ACRT/030/2010, ACRT/020/2010, ACRT/002/2010, ACRT/073/2009 (precampaña) Y ACRT/008/2010 (campaña), ACRT/012/2010, ACRT/015/2010, ACRT/074/2009, ACRT/006/2010 (precampaña) y ACRT/022/2010 (campaña), ACRT/027/2010 y ACRT/009/2010, del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, los periodos de las campañas electorales del proceso electoral 2009-2010.

En tal virtud, conviene reproducir lo conducente a los periodos que comprenden las campañas electorales de las entidades federativas en las que se desarrolló el proceso electoral 2009-2010, mismo que a continuación se reproduce:

AGUASCALIENTES:

BAJA CALIFORNIA:

CHIAPAS

CHIHUAHUA:

COAHUILA:

DURANGO:

HIDALGO:

OAXACA:

PUEBLA:

QUINTANA ROO:

SINALOA:

TAMAULIPAS:

VERACRUZ:

ZACATECAS:

Lo expuesto en párrafos precedentes resulta relevante para el asunto que nos ocupa, en virtud de que el estudio y análisis que a continuación realizará esta autoridad electoral, respecto a la propaganda objeto del presente procedimiento, tendrá como finalidad determinar si la misma se ajusta o no a las normas y principios que han sido expresados con anterioridad en este apartado.

En este tenor, es de referir que el promocional materia de inconformidad en el presente procedimiento constituye propaganda gubernamental, en tanto tiene esa connotación la proveniente de los poderes públicos, autoridades o entes de cualquier otra naturaleza, con atribuciones o no para difundirla, cuyo contenido esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficio y compromisos cumplidos, salvo los casos de excepción expresamente previstos en la propia normatividad, como son los educativos, de salud y las necesarias para la protección civil.

En ese contexto resulta necesaria la descripción del spot de marras cuyo contenido se transcribe a continuación:

"Promocional Gobierno del estado de Nuevo León.

Voz de Mujer: Yo soy de nuevo león, y estoy orgullosa de ayudar a que mi estado sea líder en generación de empleos , formo parte de la gente responsable, trabajadora y líder de México, aquí en Nuevo León trabajamos para emprender nuestro sueños, por eso somos líderes en apertura de empresas, la competitividad de México está en Nuevo León.

Voz en off: Nuevo León Unido, gobierno para todos.

Descripción del spot

En el video se aprecia una persona del sexo femenino, vistiendo pantalón color azul, y una blusa morada, la cual empieza hacer una narrativa, en la parte del fondo de la pantalla se observan distintas imágenes entre las que se aprecian a distintas personas trabajando, asimismo a un grupo de jóvenes.

Al termino del spot, se observa la leyenda "Nuevo León Unido, Gobierno para Todos"; y una voz en off que concluye diciendo la leyenda antes descrita."

Descrito lo anterior, resulta válido colegir que el promocional aludido en modo alguno se encuentra amparado en los supuestos de excepción que prevé la ley, dado que no posee una connotación vinculada con campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a educación, salud o las necesarias para la protección civil, contrario a ello pretende resaltar al estado de Nuevo León, en tanto hace referencia al nombre de dicha entidad federativa, tan es así que termina con la aparición de la leyenda "Nuevo León Unido, Gobierno para Todos"; y una voz en off que concluye diciendo la leyenda antes descrita; lo que a todas luces evidencia con mayor claridad que no se encuentra amparada en las excepciones previstas en la normatividad de la materia, por lo que en ese sentido, su difusión en aquellos estados en que se celebraron comicios en el año dos mil diez, específicamente en la etapa de campañas, vulneró los principios de equidad e imparcialidad en el desarrollo de esos procesos electorales.

Corrobora lo anterior el hecho consistente en que el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, esgrimió que durante el mes de mayo del presente año, concretamente los días veintisiete y veintiocho, contrató la difusión en televisión de propaganda gubernamental, misma que manifiesta que Nuevo León es líder en la generación de empleos y en apertura de empresas, remarcando que la competitividad de México.

Del mismo modo argumentó que el promocional fue contratado para el efecto de que fuera difundido en el Canal 2, el cual tiene cobertura a nivel nacional, lo que implica desde la perspectiva de esta autoridad que se haya transmitido en las entidades federativas en las cuales se desarrollaron comicios constitucionales de carácter local (en la especie, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas).

En este contexto, como se asentó en el capítulo denominado "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", de conformidad con la indagatoria desplegada por esta autoridad, se obtuvo que efectivamente el promocional motivo de inconformidad fue difundido en televisión durante los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, en ochenta y siete ocasiones, en las entidades federativas en las cuales se desarrollaron comicios constitucionales de carácter local.

Al respecto es preciso referir, que si bien el promocional de marras fue difundido en las diversas estaciones repetidoras del canal 2, identificado con las siglas XEW-TV, concesionado a la persona moral Televimex, S.A. de C.V., las cuales se encuentran distribuidas en todo el territorio de la República Mexicana, para efectos del presente estudio, se tomará únicamente en consideración la difusión que tuvo el mismo en las siguientes entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, lo anterior, toda vez que en las fechas en que fue difundido el spot en mención se desarrollaban las campañas electorales correspondientes al proceso electoral local 2010, aunado a que solamente en dichas entidades se detectó la transmisión del mismo por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como ha quedado acreditado con el reporte de monitoreo proporcionado a esta autoridad.

Una vez precisado lo anterior, es de referirse que como se asentó en el capítulo "EXISTENCIA DE LOS HECHOS", de la indagatoria desplegada por esta autoridad se obtuvo que el Coordinación General de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa reconoció expresamente que contrató el promocional de marras para ser difundo los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, en el canal 2 de Televisa (con cobertura a nivel nacional), con dos impactos, por los cuales erogó las cantidades de $359,903.92 (Trescientos cincuenta y nueve mil novecientos tres pesos 92/100 M.N.) y la cantidad de $425,388.60 (Cuatrocientos veinticinco mil trescientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.), respectivamente, sin que se encuentre acreditado en autos que tal contratación se constriñó a que fuera difundido únicamente en aquellas entidades exentas de la celebración de comicios electorales, esto es, sin proceso electoral en 2010.

Corrobora lo anterior, el resultado del análisis realizado a las constancias remitidas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, producto de la investigación preliminar realizada por el Secretario Ejecutivo, con las que se acreditó que el promocional motivo de inconformidad fue transmitido en los estados en los cuales se desarrollaba proceso electoral durante los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez.

En efecto, según se advierte del contenido de los oficios remitidos por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de esta institución, al realizar la verificación de la transmisión del promocional de marras respecto del periodo denunciado (campañas electorales) en aquellas entidades federativas en las que se desarrollaba un proceso electoral, se detectó que el mismo fue transmitido en setenta y cinco ocasiones, en Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, a través de las emisoras concesionadas a Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., cuyas señales poseen impacto en las entidades federativas a que se ha hecho alusión y en las que se desarrollaba al momento de la transmisión, la etapa de campañas, tal y como se detalla a continuación.

Sin que pase desapercibido para esta autoridad lo esgrimido por las autoridades denunciadas, en el sentido de que la difusión del spot motivo de inconformidad se llevó a cabo con la finalidad de promover el turismo en el estado de Nuevo León, afirmación que carece de sustento, en virtud de que del análisis del mismo se advierte con nitidez que su contenido tiende a resaltar que dicha entidad federativa es líder en generación de empleos, en apertura de empresas, y precisa que la competitividad de nuestro país se encuentra en el estado de Nuevo León, aspectos todos que son ajenos a cuestiones turísticas y contrario a ello evidencia logros de gobierno, que no actualizan de forma alguna los supuestos permitidos por la norma electoral restrictiva.

Bajo este contexto, el hecho imputado al Gobernador del estado de Nuevo León y al Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León no puede ser contemplado dentro de las excepciones establecidas para el ejercicio del derecho a la información, como pretenden hacer valer los denunciados, toda vez que como ha quedado expuesto dicha conducta contraviene la restricción constitucional contemplada en el artículo 41, Base III, apartado C, párrafo segundo.

Por lo anterior, es válido colegir que la conducta denunciada se adecúa a la hipótesis normativa referida, en virtud de que nos encontramos ante la difusión de propaganda calificada como gubernamental contratada por la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa y difundida los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, dentro de la etapa de campañas electorales de las entidades federativas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, misma que hace referencia a logros de gobierno manifestando que Nuevo León es líder en la generación de empleos y en apertura de empresas, remarcando que la competitividad de México, está en la propia entidad federativa, con el objeto de atraer inversión que permita la apertura de empresas y la generación de empleos, y que la excluye de los supuestos de excepción.

Una vez aclarado lo anterior, corresponde determinar si el hecho contraventor de la norma constitucional y legal en materia electoral resulta imputable a alguno de los sujetos señalados como responsables en el presente considerando.

En tales condiciones, esta autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, colige que es el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, el servidor público responsable de la conducta calificada como contraventora, por tanto, es posible colegir que es dicho sujeto el que transgredió lo dispuesto por el artículo 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los numerales 2, párrafo 2; 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que fue la Coordinación bajo su cargo la que contrató la difusión de la propaganda gubernamental que fue difundida en las entidades federativas donde se desarrollaron comicios de carácter local, específicamente en la etapa de campañas electorales, concretamente de un promocional en el que se difundieron logros de Gobierno, mediante la aparición de una joven de sexo femenino que refiere diversas características de las personas que habitan en el estado de Nuevo León y en el que se alude en forma directa a dicha entidad federativa con la aparición del emblema de ese gobierno.

No así, el Gobernador del estado de Nuevo León, atento a que si bien es cierto, dicho servidor público posee la titularidad de la Administración Pública en el citado estado de la República, de las constancias que obran en autos no se advierte elemento alguno siquiera de carácter indiciario que lo vincule con los hechos denunciados, esto es, que haya tenido participación alguna en la contratación del spot motivo de inconformidad.

Contrario a lo que acontece respecto a la conducta imputada al Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, toda vez que ha quedado debidamente acreditado en la presente resolución que fue la Coordinación a su cargo quien contrató y solicitó la difusión del promocional denunciado, pues fue directamente dicho funcionario quien al dar contestación al requerimiento de información formulado por el Secretario Ejecutivo afirmó que a través del C. Jorge Luis Treviño Guerra, la Coordinación a su cargo había solicitado la difusión del promocional, realizando un contrato innominado para perfeccionar dicho acto jurídico, circunstancia que exime de responsabilidad al Gobernador del estado de Nuevo León.

Ahora bien, de conformidad con Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León el Gobernador de dicha entidad federativa es el Titular del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración Pública, dicho ordenamiento legal de igual forma establece que la Administración Pública Central estará conformada por las secretarías del ramo, la Procuraduría General de Justicia, la Oficina Ejecutiva del Gobernador, la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la Consejería Jurídica del Gobernador y demás dependencias y unidades administrativas de coordinación, asesoría o consulta, cualesquiera que sea su denominación.

Mientras que la Administración Pública Paraestatal está conformada por los organismos públicos descentralizados, organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás entidades, cualquiera que sea su denominación.

A mayor abundamiento se integra el siguiente organigrama:

De los anteriores organigramas se advierte que en el rango más alto se encuentra el Gobernador del estado de Nuevo León, como titular de la Administración Pública de la entidad federativa en mención, la cual a su vez se divide en administración centralizada y descentralizada o paraestatal.

Asimismo, es de observarse que la administración centralizada se integra por dependencias centrales y unidades administrativas, siendo que dentro de la primeras de las señaladas se ubica la Secretaría General de Gobierno de la cual depende directamente la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, en términos de la reforma al Reglamento Interior de la dependencia en mención, publicada el cinco de noviembre de dos mil siete en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, por la que se modifica la estructura organizacional de la Secretaría General de Gobierno y se crea la Coordinación aludida con el objeto de rediseñar la comunicación, las relaciones con los distintos niveles de gobierno, consulares y de entretenimiento, tanto de televisión como radio.

Por tanto, si bien, corresponde al gobernador proponer en los términos del Artículo 63, fracción VIII de la Constitución Política del Estado, la creación de las dependencias, organismos públicos descentralizados y demás entidades necesarias para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la eficaz atención de los servicios públicos así como, en su caso, la supresión de las mismas; nombrar y remover libremente a los titulares de la Administración Pública Central y Paraestatal, y demás servidores públicos cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución Política del Estado o en otras Leyes del Estado, resulta válido colegir que la referida forma de organización administrativa presupone una estructura que agrupa a los diferentes órganos que la integran, bajo un orden y jerarquía determinada, alrededor de un centro de dirección y decisión de toda la actividad que tiene a su cargo, el cual delimita la función que cada dependencia debe ejercer a efecto de no interferir en sus acciones y permitir un orden independientemente de la forma interna en que cada órgano tenga su estructura jerárquica particular.

Aspecto que se corrobora con lo establecido en los numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León, en los que se establece lo siguiente:

"Artículo 4.- (Se transcribe)

"Artículo 5.- (Se transcribe)

Asimismo los numerales 15, 18, fracción I; 20, fracción XXVIII; 23 y 24 del mismo ordenamiento legal señalan lo siguiente:

"Artículo 15.- (Se transcribe)

"Artículo 18.- (Se transcribe)

[…]”

"Artículo 20.- (Se transcribe)

[…]”

Del contenido de los artículos transcritos, resulta válido colegir que de acuerdo con la estructura organizativa de la administración pública de la que es titular el Gobernador del estado de Nuevo León, posee la facultad de crear todos aquéllos órganos, dependencias y unidades administrativas necesarias para el ejercicio de las atribuciones que constitucional y legalmente le son conferidas, en este orden de ideas, se encuentra facultado de igual manera para delegar a las dependencias que para tal efecto hubiese creado, el ejercicio de aquellas, que no sean exclusivas de dicho servidor público, ya sea de forma total o parcial.

Lo anterior, con la finalidad de la mejor organización para la realización de las diversas actividades encomendadas a los titulares tanto de las administraciones públicas locales como al de la administración pública federal, a fin de permitir al superior jerárquico una mejor selección de los asuntos que personalmente deba conocer.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, se advierte que dicha dependencia tiene a su vez su propia estructura organizativa, dentro de la cual se encuentra integrada la Coordinación General de Comunicación Social, según se advierte a continuación:

"Artículo 1.- (Se transcribe)

"Artículo 2.- (Se transcribe)

"Artículo 5.- (Se transcribe)

Para mejor referencia se integra el siguiente organigrama,:

De lo expuesto con antelación, se advierte que al ser la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León la entidad que realizó la conducta imputada por el instituto político impetrante, en forma alguna es posible vincular dicha conducta con la figura del Gobernador de la multialudida entidad federativa, toda vez en términos de lo establecido en el artículo 20, de la sección 3 denominada "De la Coordinación General de Comunicación Social", del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, publicado en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León el diez de febrero de dos mil diez, ésta es la entidad especifica que dentro de la estructura del referido gobierno cuenta con atribuciones conferidas por la Secretaría de Gobierno, relativas a:

         Establecer los lineamientos generales para la planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado;

         Proponer las campañas de comunicación institucional del Poder Ejecutivo y programar su difusión y cobertura;

         Promover la creación de vínculos institucionales con los medios de comunicación y el Gobierno del Estado;

         Coordinar a las áreas de comunicación social de la Administración Pública del Estado;

         Establecer las bases para coordinar la vinculación de las áreas de comunicación del Poder Ejecutivo con las similares del Gobierno Federal, de otros Estados o de los Municipios;

         Formular y proponer las políticas generales de información, producción, operación y programación de Televisión Estatal y Radio Nuevo León;

         Supervisar las actividades de comunicación social, la programación de contenidos, ampliación de cobertura, y propuesta de contratos o convenios relacionados con las actividades de Televisión Estatal y Radio Nuevo León;

Máxime que, de lo asentado en los libelos mediante los cuales el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno se advierte la aceptación expresa de que llevó a cabo la contratación del aludido promocional, no obstante su manifestación en el sentido de que el objeto de la difusión de los promocionales era el de apoyar al Ejecutivo estatal en la promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones relacionados con la función administrativa que le es encomendada y que realiza a través de sus distintas dependencias, al referir lo siguiente:

"Ejercitando esa potestad soberana y esas atribuciones constitucionalmente reservadas a las entidades federativas, en el artículo 28 la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León se estableció que la Secretaría de Desarrollo Económico de la propia Administración Pública estatal es la dependencia encargada de establecer e instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas que promuevan el desarrollo económico del Estado; y en el diverso numeral 31 se consignó a cargo de la Secretaría del Trabajo la coordinación y conducción de la política laboral del Estado y, en específico, la obligación de apoyar al Ejecutivo estatal en la promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan consolidar en el Estado una cultura laboral que impulse la productividad y la competitividad, así como promover, diseñar, establecer e implementar esquemas de trabajo para la creación de unidades productivas.

[…]

Ejercitando esa potestad soberana y esas atribuciones constitucionalmente reservadas a las entidades federativas, en el artículo 28 la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León se estableció que la Secretaría de Desarrollo Económico de la propia Administración Pública estatal es la dependencia encargada de establecer e instrumentar las políticas, estrategias, acciones y programas que promuevan el desarrollo económico del Estado; y en el diverso numeral 31 se consignó a cargo de la Secretaría del Trabajo la coordinación y conducción de la política laboral del Estado y, en específico, la obligación de apoyar al Ejecutivo estatal en la promoción y desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan consolidar en el Estado una cultura laboral que impulse la productividad y la competitividad, así como promover, diseñar, establecer e implementar esquemas de trabajo para la creación de unidades productivas. En el artículo 5o, fracción XIII de la Ley de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León también se establece que esa Corporación es competente para diseñar, elaborar y realizar campañas de promoción turística del Estado a nivel local, regional, nacional e internacional.

Esas facultades de las Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo y de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado de Nuevo León tuvieron claro reflejo en el spot cuya transmisión fue denunciada, pues en éste únicamente se manifiesta que Nuevo León es líder en la generación de empleos y en apertura de empresas, remarcando que la competitividad de México está en la propia entidad federativa. Además, dicho mensaje es ilustrado con imágenes de gente laborando en diversas funciones y del Paseo Santa Lucía, que constituye una atracción turística.

[…]

La ausencia de fines político-electorales en el uso de la expresión "Nuevo León, Gobierno para todos" se colige al considerar que, según quedará acreditado en el procedimiento especial sancionador respecto del cual comparezco, la misma constituye la identificación oficial institucional de la Administración Pública estatal utilizada desde el mes de marzo del año en curso. Es decir, no fue creada ni utilizada específicamente para usarse en el spot cuya difusión se denunció, sino desde ese mes se comunicó a las autoridades integrantes de la Administración Pública del Estado de Nuevo León que debían utilizarla de manera regular."

Atento a ello, esta autoridad arriba a la conclusión de que el responsable del hecho denunciado por el Partido Acción Nacional, mismo que ha sido debidamente acreditado en términos del presente considerando lo es el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León.

En tal virtud, se declara infundado el procedimiento especial sancionador de mérito incoado en contra del Gobernador del estado de Nuevo León y fundado por lo que hace a la conducta desplegada por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León.

VISTA A LA CONTRALORIA INTERNA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR LA CONDUCTA REALIZADA

UNDÉCIMO.- Que en virtud de que este órgano resolutor acreditó en el considerando DÉCIMO de la presente determinación, que el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, incumplió con lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el párrafo 2 del numeral 2 y 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a través de la transmisión del spot materia del presente procedimiento en el que se alude a dicho gobierno y que fue difundido los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, por Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas, lo procedente es dar vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León, el cual tiene a su cargo la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.

Al respecto, es preciso referir que tomando en consideración el contenido del artículo 355, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deriva que el espíritu o la intención del legislador fue establecer que cuando alguna autoridad incurriese en alguna infracción a la normatividad federal electoral, lo procedente será dar vista al superior jerárquico de la autoridad infractora, respecto de los hechos transgresores de la legislación electoral, para que ésta a su vez, determine lo que en derecho proceda.

Al respecto, conviene reproducir el contenido del artículo en cuestión, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

"Artículo 355.- (Se transcribe)

Como se observa, el dispositivo legal en cuestión establece el mecanismo mediante el cual esta autoridad procederá ante la eventual comisión de alguna infracción a la legislación electoral federal por parte de autoridades federales, estatales o municipales, derivada de la infracción a la normativa constitucional y electoral federal.

En este orden de ideas, por cuanto hace a la conducta desplegada por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, resulta aplicable al caso lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León, en su artículo 33, mismo que dispone lo siguiente:

"Artículo 33.- (Se transcribe)

Así como lo estipulado en la Ley de Administración Financiera para el estado de Nuevo León, la cual prevé en lo que interesa lo siguiente:

“CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

"Artículo 1°.- (Se transcribe)

"Artículo 2°.- (Se transcribe)

"Artículo 38.- (Se transcribe)

"Artículo 39.- (Se transcribe)

"Artículo 40.- (Se transcribe)

"Artículo 45.- (Se transcribe)

"Artículo 46.- (Se transcribe)

"Artículo 51.- (Se transcribe)

En esta tesitura y atento a lo establecido en las disposiciones normativas antes referidas, esta autoridad considera que lo procedente es dar vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León con copia certificada de las constancias del expediente integrado con motivo del presente procedimiento, por la conducta desplegada por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de la citada entidad federativa, a efecto de que determine lo que en derecho proceda respecto a los hechos imputados en su contra y que han quedado debidamente acreditados en términos del considerando que antecede.

Lo anterior en virtud de que ha quedado debidamente acreditado que vulneró lo dispuesto por los artículos 41, Base III, Apartado C, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto en el párrafo 2 del numeral 2 y 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de difundir propaganda, contraventora de la normativa constitucional y electoral federal.

DUODÉCIMO.- Que en el presente apartado, corresponde conocer el motivo de inconformidad sintetizado en el inciso B) del considerando SÉPTIMO del presente fallo, a efecto de determinar si Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, Radio Televisora de México Norte, S.A- de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas; conculcaron lo previsto en el artículo 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido propaganda gubernamental en las entidades federativas donde se desarrollaron comicios de carácter local, particularmente por la difusión del promocional denunciado.

En esta tesitura, resulta conveniente precisar que si bien, el promocional de marras, fue difundido en las diversas estaciones repetidoras del canal 2, identificado con las siglas XEW-TV, concesionado a la persona moral Televimex, S.A. de C.V., las cuales se encuentran distribuidas en todo el territorio de la República Mexicana, para efectos del presente estudio, se tomara únicamente en consideración la difusión que tuvo el mismo en las siguientes entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Lo anterior, en virtud de que la prohibición de difundir propaganda gubernamental se constriñe a aquellas entidades federativas en las que se encuentre en desarrollo el periodo de campañas electorales, salvo las excepciones previstas en la propia norma, siendo que los Estados ya referidos se ubicaron en la hipótesis normativa, no así el Distrito Federal y el estado de Chiapas, toda vez que por lo que hace al primero de los mencionados no celebró proceso comicial alguno en la presente anualidad y respecto a Chiapas, el periodo de campañas aún no daba inicio.

Por tal motivo los spots que fueron transmitidos en las emisoras XEW-TV, canal 2, en el Distrito Federal, XHAA-TV, canal 7 y XHTUA-TV, canal 12, en el estado de Chiapas, concesionadas a Televimex, S.A. de C.V. y a Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., respectivamente, no serán objeto de pronunciamiento por parte de esta autoridad.

Una vez precisado lo anterior, de forma gráfica se enlistan las emisoras y los concesionarios a las que pertenecen, en cada entidad federativa en que fue detectada la difusión del promocional motivo de inconformidad en el sumario en que se actúa, específicamente en el periodo de campañas electorales, de conformidad con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos:

Ahora bien, como ha quedado expuesto a lo largo de esta resolución, el Partido Acción Nacional, instituto político incoante esgrimió que durante el mes de mayo de la presente anualidad, se difundió en televisión, propaganda gubernamental correspondiente al estado de Nuevo León, en las entidades federativas en las cuales se desarrollaron comicios constitucionales de carácter local (en la especie, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas).

Como resultado del análisis realizado a las constancias remitidas que obran en autos, específicamente a los informes rendidos por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, se observó que Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz; Radio Televisora de México Norte, S.A- de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas, concesionarios de las señales antes mencionadas, difundieron durante los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, el promocional televisivo alusivo al Gobierno del estado de Nuevo León, fechas comprendidas durante el periodo de desarrollo de las campañas electorales correspondientes a las siguientes entidades federativas: Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, no obstante la prohibición relativa a la abstención de difundir propaganda gubernamental, salvo aquella que estuviera amparada en las excepciones previstas en la normativa comicial federal, como son las de educación, salud o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia.

Para mayor ilustración se agrega el siguiente referente:

Lo anterior fue corroborado por los denunciados, en virtud de que, obran en autos el oficio número 065/CGCSRI/2010, de fecha uno de julio de dos mil diez y el similar 066/CGCSRI/10, de fecha veintiocho de julio de dos mil diez, ambos signados por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno, con los que quedó acreditada la contratación del promocional motivo de inconformidad en el presente procedimiento, a efecto de que fuera difundido en fechas veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez.

Sin que pase desapercibido para esta autoridad el hecho de que el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, manifestó que mediante un acuerdo o convenio innominado, en fecha 12 de mayo de 2010, celebrado con la persona moral denominada Televisa, S.A. de C.V. representada por la C. Nallely Martínez Tenorio con domicilio en Avenida Chapultepec número 18, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, contrató la difusión de cuatro spots a transmitirse en la emisora identificada con las siglas XEW-TV, correspondientes al canal 2 con difusión nacional, que es concesionado a Televimex, S.A. de C.V., lo que conlleva que el promocional de marras fuera difundido en las diferentes emisoras antes mencionadas.

En esa tesitura, resulta válido afirmar que las concesionarias denunciadas de motu proprio difundieron propaganda gubernamental en las señales con impacto en las entidades federativas antes mencionadas, durante el periodo de campañas electorales, y pese a la prohibición constitucional y legal consistente en abstenerse de realizar tal conducta, a través de la transmisión del promocional alusivo al Gobierno del estado de Nuevo León denunciado por el Partido Acción Nacional, durante los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, como se refirió en el considerando DÉCIMO de la presente resolución.

Reiterando que el material difundido, no puede considerarse amparado bajo los supuestos de excepción aludidos por la Constitución General, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Acuerdo CG601/2009 de este Instituto, los cuales prevén los materiales cuya difusión sí está permitida, en términos de lo señalado en la propia Ley Fundamental. Aspecto que evidencia que los citados concesionarios soslayaron tal exigencia y difundieron el material aludido por el Partido Acción Nacional.

Asimismo, es de referir que los concesionarios en mención omitieron presentar algún elemento que desvirtuara la difusión del promocional que fue detectado por el monitoreo practicado por esta autoridad, por lo que se tiene por cierta su transmisión en un periodo restringido, debiendo precisar que no obra en el expediente algún dato tendente a justificar su actuación.

En tal virtud, y dado que con tal comportamiento, los concesionarios denunciados soslayaron una prohibición que emana de la propia Ley Fundamental, esta autoridad resolutora considera que debe responsabilizárseles por la comisión de una falta administrativa en materia electoral federal, consistente en la difusión de propaganda gubernamental en el entorno de un proceso electoral, específicamente en el periodo de campañas electorales.

En mérito de lo expuesto, se advierte que los concesionarios de televisión, como lo son en la especie Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., tienen una obligación especial de no vulnerar el orden constitucional y legal y del análisis integral a la información y constancias que obran en el presente expediente, se advierte que no existe probanza alguna que desvirtúe los elementos de convicción con que esta autoridad cuenta para tener por acreditada la infracción a la normatividad electoral federal por parte de los concesionarios mencionados.

Asimismo, resulta atinente precisar que los concesionarios de televisión se encuentran obligados a cuidar que los materiales que transmiten se ajusten a la normatividad vigente, conforme a la Constitución, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

En este sentido, se encuentran constreñidos a rechazar los materiales promocionales que no se ajusten a la ley, sin que ello implique en modo alguno previa censura, como es en el caso la propaganda gubernamental, situación que se corrobora con su propia autorregulación, máxime que dentro del presente procedimiento se encuentra acreditada la contratación de la transmisión de los promocionales materia de inconformidad, mismos que como ha quedado debidamente acreditado son contrarios a la normatividad electoral federal.

Al respecto conviene reproducir el contenido de los artículos 4, 63 y 64, fracción I, de esa Ley Federal de Radio y Televisión que establecen que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo que el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social, así como la taxativa dirigida a los concesionarios de radio y televisión con el objeto de que se abstengan de realizar transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, mismos que a continuación se transcriben:

"Artículo 4°.- (Se transcribe)

"Artículo 63.- (Se transcribe)

"Artículo 64.- (Se transcribe)

(…)”

En concordancia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que la prestación del servicio de radiodifusión está sujeta al marco constitucional y legal en el ejercicio de la actividad que desempeñan los concesionarios en la materia. Esta actividad debe sujetarse en todo momento al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los gobernados, ya que los medios de comunicación cumplen una función social de relevancia trascendental para la nación y porque constituyen uno de los instrumentos a través de los cuales hacen efectivos los citados derechos.[1]

En tales condiciones, esta autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, colige que Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., transgredieron lo dispuesto por los artículos 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e); del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que difundieron propaganda gubernamental en las señales con impacto en las entidades federativas mencionadas en este considerando, cuando ya habían iniciado las campañas electorales correspondientes, por lo que se declara fundado el procedimiento especial sancionador de mérito que por esta vía se resuelve, por lo que hace al motivo de inconformidad sintetizado en el inciso B) del presente fallo.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

DÉCIMOTERCERO.- Que una vez que ha quedado demostrada la infracción a la normatividad electoral por parte de Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V-, concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas, se procede a imponer la sanción correspondiente.

Previo a iniciar con la individualización de la sanción, es necesario precisar que por razón de método y a efecto de evitar repeticiones innecesarias, se efectuará la misma de forma conjunta, es decir en un solo argumento para todas las emisoras denunciadas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz; XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas; tomando en consideración que la multa que se aplique al concesionario denunciado, se calculará de manera individual, es decir por cada emisora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, en su artículo 355, párrafo 5, refiere que para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción, y su imputación, deberán tomarse en cuenta las circunstancias que rodearon la conducta contraventora de la norma, entre ellas, las siguientes:

“…

a)                       La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de este Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b)                       Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;

c)                       Las condiciones socioeconómicas del infractor;

d)                       Las condiciones externas y los medios de ejecución

e)                       La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

f)                         En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivad

               del incumplimiento de obligaciones."

Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que respecto a la individualización de la sanción que se debe imponer a un partido político nacional por la comisión de alguna irregularidad, este Consejo General debe tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta; y en el caso que nos ocupa, aun cuando no se trata de un instituto político el que cometió la infracción sino un candidato a un cargo de elección popular, las circunstancias que han de considerarse para individualizar la sanción deben ser las mismas que en aquellos casos, es decir, deben estimarse los factores objetivos y subjetivos que hayan concurrido en la acción u omisión que produjeron la infracción electoral.

I.- Así, para calificar debidamente la falta, la autoridad debe valorar:

El tipo de infracción

En primer término, es necesario precisar que las normas transgredidas por los concesionarios denunciados, son los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con base en lo anteriormente expuesto, puede establecerse la finalidad o valor protegido en las normas violentadas, así como la trascendencia de la infracción cometida.

La finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción la difusión de propaganda gubernamental, en medios de comunicación social, una vez iniciadas las campañas electorales de los procesos comiciales federales o locales, es evitar que durante esa etapa se publicite propaganda destinada a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, en aras de preservar el principio democrático conforme con el cual los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno y los entes públicos deben observar una conducta imparcial en los procesos comiciales.

En el presente asunto quedó acreditado que las concesionarias de televisión denunciadas contravinieron lo dispuesto en las normas legales en comento, al haber difundido en las señales de las que son concesionarias, propaganda gubernamental en fechas en las cuales ya habían dado inicio las campañas electorales correspondientes a los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, como ha quedado precisado en el presente fallo.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas

Al respecto, cabe señalar que al haberse acreditado la violación a lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte de los concesionarios y permisionarios denunciados, ello no implica que estemos en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, pues aun cuando la transmisión y difusión de los materiales materia del presente procedimiento, se realizó en diversos momentos, ello sólo actualiza una infracción, es decir, sólo colma un supuesto jurídico.

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Las disposiciones aludidas en el apartado anterior, tienden a preservar un régimen de equidad en las contiendas comiciales, garantizando con ello que los entes gubernamentales de cualquiera de los tres órdenes de gobierno de la república, influyan positiva o negativamente en las preferencias electorales de los ciudadanos, durante los comicios constitucionales de carácter federal o local.

En el caso, tales dispositivos se conculcaron con el actuar de las concesionarias de televisión denunciadas, al haber difundido en las señales de las que son concesionarias en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, propaganda gubernamental una vez iniciadas las campañas electorales correspondientes a los procesos comiciales de carácter local, que se celebraron en el presente año.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

a)     Modo. En el caso a estudio, la irregularidad atribuible a Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC- TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, Radio Televisora de México Norte, S.A- de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS- TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas, consistió en trasgredir lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido en las señales de las que son concesionarias en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, propaganda gubernamental durante el entorno de los procesos comiciales de carácter local, que se celebraron en el presente año, específicamente en el periodo de campañas, tal como se detalla en el reporte de monitoreo presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

b)     Tiempo. De conformidad con las constancias que obran en autos, esta autoridad tiene acreditado que la difusión de los promocionales en comento, se efectuó los días veintisiete y veintiocho de mayo del año dos mil diez, como en forma gráfica se muestra a continuación:

c)     Lugar. La irregularidad atribuible a las personas morales antes aludidas, aconteció en señales con audiencia en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, mismos en los que al momento de la difusión se desarrollaba la etapa de campañas en su proceso electoral local.

Intencionalidad

Se considera que en el caso sí existió por parte de Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., la intención de infringir lo previsto en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior es así, ya que del análisis de los elementos que obran en autos, se advierte que tales concesionarias tenían pleno conocimiento de que debían abstenerse de difundir propaganda gubernamental en las señales con impacto en las entidades federativas ya mencionadas, a partir de que comenzaran los periodos de campañas electorales correspondientes, y pese a ello, transmitieron el promocional en televisión argüido por el Partido Acción Nacional, durante los días veintisiete y veintiocho de mayo de este año, como se refirió en esta resolución.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas

Se estima que la conducta infractora no se cometió de manera reiterada y sistemática, en virtud de que en el expediente no obran elementos, ni siquiera indiciarios, tendentes a evidenciar que la propaganda objeto de este procedimiento, tuviera impactos adicionales a aquéllos detectados por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución

En este apartado, resulta atinente precisar que la conducta desplegada por Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, Radio Televisora de México Norte, S-A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas, se cometió en el periodo de campañas correspondientes a los comicios de carácter local que se desarrollaron en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En tal virtud, toda vez que la falta se presentó dentro del desarrollo de los procesos electorales de esas localidades, específicamente en el periodo de campañas, resulta válido afirmar que la conducta es atentatoria del principio constitucional consistente en la equidad que debe imperar en toda contienda electoral, cuyo objeto principal es permitir a los partidos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral.

Medios de ejecución

La difusión de la propaganda electoral materia del presente procedimiento administrativo especial sancionador, tuvo como medio de ejecución las señales que a continuación se detallan:

II.- Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta desplegada por los concesionarios de televisión denunciados, debe calificarse con una gravedad ordinaria, al haberse difundido en las señales de las que son concesionarias en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, propaganda gubernamental una vez iniciadas las campañas electorales correspondientes a los procesos comiciales de carácter local, que se celebraron en el presente año.

Reincidencia

Otro de los aspectos que esta autoridad debe considerar para la imposición de la sanción, es la reincidencia en que pudieron haber incurrido los concesionarios y permisionarios denunciados, con audiencia en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Al respecto, esta autoridad considerará reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora, para ello sirve de apoyo el criterio sostenido por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que se tiene por inserto en obvio de repeticiones innecesarias.

En ese sentido, es preciso referir que, si bien existe constancia en los archivos del Instituto Federal Electoral de que las emisoras XHEBC-TV, canal 57, en el estado de Baja California, XHBR-TV, canal 11 en el estado de Tamaulipas, concesionadas a Televimex, S.A. de C.V., XHDUH-TV, canal 22, en el estado de Durango, XHCCN-TV, canal 4 en el estado de Quintana Roo, concesionadas a Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V.; XHBS-TV, canal 4, concesionada a T.V. de los Mochis, S.A. de C.V., y XHGO-TV, canal 7, concesionada a Televisora del Golfo, S.A. de C.V., han sido sancionadas por el Consejo General del Instituto Federal lectoral, mediante la resolución CG261/2010 de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, al haber infringido lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido en las señales de las que son concesionarias en los estados de Baja California, Durango, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, propaganda gubernamental durante el entorno de los procesos comiciales de carácter local, que se celebraron en el presente año, específicamente en el periodo de campañas, tal resolución ha sido impugnada, sin que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la fecha del presente fallo se haya pronunciado respecto a dicho medio de impugnación, motivo por el cual al no existir sentencia firme en el procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente SCG/PE/PRI/CG/065/2010 y su acumulado SCG/PE/CG/066/2010, en el que fueron sancionadas las concesionarias en mención, no se configura la figura jurídica de reincidencia.

Sanción a imponer

Por todo lo anterior (especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la infracción), la conducta realizada por las concesionarias de televisión denunciadas, debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar).

Así también será tomado en consideración el acatamiento al contenido del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE LUGAR, FORMULADA POR EL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIEZ, por parte de los denunciados, toda vez que ha quedado acreditado con lo señalado en el oficio número DEPPP/STCRT/5022/2010, de fecha ocho de julio de dos mil diez, signado por Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabbán, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, que dejó de transmitirse el material audiovisual motivo de inconformidad el día veintiocho de mayo de dos mil diez, es decir el mismo día en que se realizó la notificación del referido acuerdo a la autoridad correspondiente, información que es robustecida con el reporte de monitoreo que adjunto a dicho oficio remitió la Dirección Ejecutiva en mención y con el contenido del oficio número CGCSyRI/CAO016-2010, dirigido a la Licenciada Mariana Durón, Directora Comercial de Televisa México, de fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, signado por el Ingeniero Jorge Luis Treviño Guerra, Coordinador de Apoyo a la operación de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León.

En este orden de ideas, esta autoridad colige en principio que aun cuando la conducta infractora haya sido suspendida, la misma no exime de responsabilidad a los denunciados, porque con tal actuar no extinguieron la potestad investigadora y sancionadora de esta autoridad administrativa electoral, en razón de que la conducta o hechos objeto de la denuncia no dejaron de existir, máxime que fue en virtud de una orden dada por una autoridad, lo anterior, atento a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior, cuyo rubro es 'PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR CONCLUIDO'.

No obstante lo anterior, tal acción constituye una atenuante respecto de la conducta imputada a los concesionarios denunciados, toda vez dieron debido cumplimiento a la orden formulada por la Comisión de Quejas y Denuncias de este órgano electoral federal autónomo, circunstancia que denota el ánimo de cooperación en el caso a estudio por parte de la denunciada, al haber realizado las operaciones necesarias para dejar de infringir la normatividad electoral federal y evitar un daño mayor al principio de equidad.

Una vez precisado lo anterior, para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que en el futuro se realice una falta similar.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer a Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., se encuentran especificadas en el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales son:

“Artículo 354.- (Se transcribe)

Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad ordinaria, y si bien, la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador, quien proscribió la difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación social, una vez iniciadas las campañas electorales de los procesos comiciales federal o local (ya que la publicitación de esta clase de materiales pudiera influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y con ello transgredir el principio democrático conforme al cual los poderes públicos de todos los órdenes de gobierno y los entes públicos deben observar una conducta imparcial en los comicios constitucionales), se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión del promocional materia del actual procedimiento, y el hecho de que no se cuenta con elementos adicionales, de que el mismo se hubiese transmitido en fechas posteriores a las detectadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto en aquellas entidades federativas que desarrollaban un proceso electoral de carácter local.

Por tanto, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción I citada, consistente en una amonestación pública, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que las previstas en las fracciones II, IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción III sería inaplicable en el presente asunto.

En virtud de lo anterior, se amonesta públicamente a Televimex, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHEBC-TV CANAL 57, XHUAA-TV CANAL 57, en el estado de Baja California, XHDEH-TV CANAL 6, en el estado de Chihuahua, XHTWH-TV CANAL 10, en el estado de Hidalgo, XHHLO-TV CANAL 5, en el estado de Oaxaca, XHMBT-TV CANAL 10, XHBR-TV CANAL 11, XHTAM-TV CANAL 17, en el estado de Tamaulipas y XHBD-TV CANAL 8, en el estado de Zacatecas; a Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHBM-TV CANAL 14, en el estado de Baja California, XHBN-TV CANAL 7, en el estado de Oaxaca, XHTK-TV CANAL 11, en el estado de Tamaulipas y XHCV-TV CANAL 2, en el estado de Veracruz, a Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., concesionaria de las emisoras identificadas con las siglas XHCHZ-TV CANAL 13, en el estado de Chihuahua, XHDUH-TV CANAL 22, en el estado de Durango, XHPAO-TV CANAL 9, en el estado de Oaxaca y XHCCN-TV CANAL 4, en el estado de Quintana Roo; a T.V. de los Mochis, S.A. de C.VM concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHBS-TV CANAL 4, en el estado de Sinaloa; y a Televisora del Golfo, S.A. de C.V., concesionaria de la emisora identificada con las siglas XHGO-TV CANAL 7, en el estado de Tamaulipas, con audiencia en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, al haber infringido el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

Al respecto, se estima que las concesionarias de televisión denunciadas, al haber difundido en las señales de las que son concesionarias en los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, propaganda gubernamental una vez iniciadas las campañas electorales correspondientes a los procesos comiciales de carácter local, que se celebraron en el presente año, causaron un perjuicio a los objetivos buscados por el Legislador.

Lo anterior es así, porque dicha conducta es atentatoria del principio constitucional consistente en la equidad que debe imperar en toda contienda electoral, cuyo objeto principal es permitir a los partidos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral.

Las condiciones socioeconómicas del infractor y el impacto en sus actividades.

Sobre este rubro, cabe decir que dada la naturaleza de la sanción a imponer a Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V. se estima que la misma en modo alguno les impide el normal desarrollo de sus actividades ordinarias.

DÉCIMOCUARTO.- Que en el presente apartado y por razones de método, corresponde a esta autoridad conocer del motivo de inconformidad aludido en el inciso C) del considerando SÉPTIMO del presente fallo, a efecto de determinar si el Partido Revolucionario Institucional, a través de la presunta difusión del mensaje motivo de estudio del presente procedimiento, conculcó lo establecido en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafo 3; 341, párrafo 1, inciso a) y 342, párrafo 1, incisos a) y h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de la probable omisión a su deber de cuidado respecto de la transmisión televisiva en cuestión.

Al respecto es preciso referir que no obstante, aun cuando esta autoridad emplazó al Partido Revolucionario Institucional, por la presunta transgresión a lo previsto en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafo 3; 341, párrafo 1, inciso a) y 342, párrafo 1, incisos a) y h) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de la conducta realizada por el Gobernador del estado de Nuevo León y el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, en autos no existe constancia alguna que lo implique en la realización de los hechos denunciados.

Lo anterior es así, porque del cúmulo probatorio aportado por el representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como del obtenido por esta autoridad en el ejercicio de sus atribuciones de investigación, no se cuenta con constancia alguna que implique al Partido Revolucionario Institucional en la realización de los hechos, máxime que como se evidenció con antelación, que aun cuando se consideró que el promocional de marras se transmitió los días veintisiete y veintiocho de mayo del presente año, infringió lo dispuesto en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo 2 de la Carta Magna, en relación con lo previsto en los artículos 2, párrafo 2 y 347, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que el mismo constituye propaganda gubernamental, difundida en periodo prohibido por la ley, lo cierto es que su contenido de ninguna forma refiere algún proceso comicial, opción política alguna o candidato.

En ese orden de ideas, se estima que el Partido Revolucionario Institucional no se encuentra de ninguna forma ligado o puede resultar responsable de la emisión del spot en el que se aprecia una mujer que dice: "Yo soy de nuevo león, y estoy orgullosa de ayudar a que mi estado sea líder en generación de empleos , formo parte de la gente responsable, trabajadora y líder de México, aquí en Nuevo León trabajamos para emprender nuestro sueños, por eso somos líderes en apertura de empresas, la competitividad de México está en Nuevo León. Y en el que al termino, se observa la leyenda "Nuevo León Unido, Gobierno para Todos"; y una voz en off que concluye diciendo la leyenda antes descrita, pues el mismo únicamente refiere logros de gobierno; por tanto, se considera que en el caso el argumento del Partido Acción Nacional en el sentido de que dicha opción política se vio favorecida con el mensaje aludido es de desestimarse, pues de su simple lectura se advierte que no contiene una implicación en materia electoral y mucho menos una alusión implícita o explícita para beneficiar o perjudicar a algún actor político de los contendientes en los estados que se encontraban en proceso electoral.

Asimismo, es de resaltar que del seguimiento al video que constituye el motivo de inconformidad en el sumario en que se actúa se advierte que en los mismos la persona del sexo femenino que aparece en él únicamente refiere temas relacionados con la "generación de empleos", "apertura de empresas" y que "la competitividad de México está en Nuevo León", por lo que se reitera, tales alusiones no guardan una relación directa con el instituto político denunciado, pues su contenido no refiere proceso electoral, fuerza política o candidato alguno; por consiguiente, el Partido Revolucionario Institucional no se encuentra implicado en los hechos denunciados.

Al respecto, es de referir que el instituto político denunciante no aporta elemento de prueba alguno, ni de carácter indiciarlo, a efecto de robustecer su argumento, respecto a que con los mensajes emitidos por el Gobernador del estado de Nuevo León a través de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de dicha entidad federativa los días veintisiete y veintiocho de mayo de dos mil diez, se benefició a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, pues únicamente basó su dicho en que la difusión de los mismos al hacer alusión a un gobierno cuyo titular tiene militancia priista causaba un perjuicio al principio de equidad, pero como se evidenció con antelación el promocional denunciado no guarda implicación alguna con el instituto político denunciado, pues no existe alusión alguna a favor o en contra de partido político o candidato alguno, sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que tal spot haya transgredido la prohibición constitucional de no difundir propaganda gubernamental en época de campañas electorales, ya que el mismo se difundió en dicha temporalidad, en Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; reiterando que el promocional gubernamental no contiene elementos que puedan resultar en un beneficio a de los entonces candidatos del partido político denunciado.

En consecuencia, lo procedente es declarar infundado el presente procedimiento respecto al Partido Revolucionario Institucional con base en las argumentaciones realizadas en el presente considerando, así como a los que anteceden.

DÉCIMOSEXTO.- En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafos 1 y 2; 109, párrafo 1 y 370, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 118, párrafo 1, incisos h), w) y z) del ordenamiento legal en cita, este Consejo General emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra del Gobernador del estado de Nuevo León en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMO de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra del Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMO del presente fallo.

TERCERO. Se ordena dar vista a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Nuevo León por lo que hace a la conducta desplegada por el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno de la entidad federativa en mención, en términos de lo previsto en el considerando UNDÉCIMO en relación con el DÉCIMO de la presente determinación.

CUARTO. Se declara fundado el procedimiento especial sancionador incoado en contra de Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMOSEGUNDO de la presente Resolución.

QUINTO. Conforme a lo precisado en el considerando DÉCIMOTERCERO de esta Resolución, en términos del artículo 354, párrafo 1, inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se amonesta públicamente a Televimex, S.A. de C.V., Canales de Televisión Populares, S.A. de C.V., Radio Televisora de México Norte, S.A. de C.V., T.V. de los Mochis, S.A. de C.V. y Televisora del Golfo, S.A. de C.V., al haber infringido el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo previsto en los numerales 2, párrafo 2 y 350, párrafo 1, inciso e) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exhortándolos a que en lo sucesivo se abstengan de infringir la normativa comicial federal.

SEXTO. Se declara infundada la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo dispuesto en el considerando DÉCIMOCUARTO, del presente fallo.

SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.

OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución en términos de ley.

[…]

SEXTO. Demandas de los recursos de apelación:

La demanda del recurso de apelación SUP-RAP-181/2010, promovida por el Partido Acción Nacional, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

 “[…]

AGRAVIOS

PRIMERO

Fuente del Agravio.- Lo constituye la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión de fecha 28 de septiembre de 2010 que concluyó el día 29 del mismo mes y año, mediante el numero de acuerdo CG315/2010. En cuanto al considerando décimo en el que se realiza el estudio de fondo en relación con el resolutivo primero específicamente por cuanto hace a estimar infundado el procedimiento especial sancionador en contra del Gobernador del Estado de Nuevo León.

En efecto en su página 185 el proyecto establece que:

Una vez aclarado lo anterior, corresponde determinar si el hecho contraventor de la norma constitucional y legal en materia electoral resulta imputable a alguno de los sujetos señalados como responsables en el presente considerando.

En tales condiciones, esta autoridad atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, colige que es el Coordinador General de Comunicación Social y Relaciones Institucionales de la Secretaría General de Gobierno del estado de Nuevo León, el servidor público responsable de la conducta calificada como contraventora, por tanto, es posible colegir que es dicho sujeto el que transgredió lo dispuesto por el artículo 41, base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los numerales 2, párrafo 2; 347. párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que fue la Coordinación bajo su cargo la que contrató la difusión de la propaganda gubernamental que fue difundida en las entidades federativas donde se desarrollaron comicios de carácter local, específicamente en la etapa de campañas electorales, concretamente de un promocional en el que se difundieron logros de Gobierno, mediante la aparición de una joven de sexo femenino que refiere diversas características de las personas que habitan en el estado de Nuevo León y en el que se alude en forma directa a dicha entidad federativa con la aparición del emblema de ese gobierno.

No así, el Gobernador del estado de Nuevo León, atento a que si bien es cierto, dicho servidor público posee la titularidad de la Administración Pública en el citado estado de la República, de las constancias que obran en autos no se advierte elemento alguno siquiera de carácter indiciado que lo vincule con los hechos denunciados, esto es, que haya tenido participación alguna en la contratación del spot motivo de inconformidad.

Artículos Constitucionales y Legales.- Los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.

Concepto de Agravio.- Causa agravio a mi representado y a la sociedad en general el acuerdo impugnado por este conducto, toda vez que trasgrede el principio de legalidad ya que carece de la debida fundamentación y motivación, consecuentemente estimo infundado en contra del Gobernador del Estado.

Los artículos 81 de la constitución local y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad de Nuevo León establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 81°.- (Se transcribe)

Artículo 2.- (Se transcribe)

De todo lo anterior se colige que contrario a lo sostenido por la autoridad responsable en el acuerdo impugnado, la queja primigenia que dio origen al procedimiento especial sancionador fue incoada en contra de Gobierno del Estado y como la legislación local aplicable establece que el Titular del Poder Ejecutivo y Jefe de la Administración Pública es el Gobernador del Estado de Nuevo León por ende es el responsable y superior jerárquico de todos los actos que ser realicen durante su gestión, en el caso particular al realizarse la difusión de políticas y promocionales de propaganda gubernamental en medios masivos de comunicación que resultaron contrarios a la normatividad electoral, existe la presunción que de el Titular tiene el conocimiento de su difusión e incluso se benefició con la misma.

Inclusive debido a lo anterior es que dicho funcionario público fue emplazado a comparecer al procedimiento por parte del Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Asimismo resulta aplicable lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo tercero del artículo 108: Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

En ese sentido se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-119/2010 que medularmente concluyó lo siguiente:

De todo lo anterior, esta Sala Superior, advierte que resulta procedente declarar fundada la queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto del mensaje difundido el primero de julio del año en curso toda vez que, al convocar a una conferencia de prensa para difundir un mensaje de cuyo contenido es factible desprender elementos inequívocos de propaganda gubernamental, al ser difundida en los medios de comunicación durante el período de reflexión del sufragio, acarrea la actualización del tipo administrativo contemplado en el artículo 41, Base III, Apartado C, párrafo segundo, de la Carta Magna en relación con los numerales 2, párrafo 2 y 347, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior se desprende que el acuerdo viola el principio de Legalidad establecido en los siguientes preceptos Constitucionales: